Atentos al potencial que el litio representa para el desarrollo argentino y preocupados por la pérdida de soberanía sobre este recurso, especialistas de 28 líneas de investigación vinculadas con este tema proponen declarar al litio recurso estratégico. Captar más renta, cuidar el ambiente, respetar los derechos comunitarios, crear una empresa pública y conformar una comisión nacional del litio están entre las medidas propuestas.
La Argentina forma parte del denominado triángulo del litio –junto con Bolivia y Chile–, adonde se encuentran las mayores reservas mundiales de este mineral en salmuera. Con un precio internacional que en septiembre alcanzó un récord de 70.000 dólares la tonelada de carbonato de litio, el potencial que representa la exploración y explotación de este mineral para el desarrollo del país ha vuelvo al centro del debate. No solo porque dicha cifra representa un aumento de 214% con respecto al mismo mes del año anterior, sino también porque se estima que su demanda aumentará 42 veces si se cumplen las proyecciones de emisiones cero para el año 2040, según un informe publicado por la Agencia Internacional de Energía en el año 2021.
Esto ha convertido a la Argentina en un destino atractivo para grandes empresas mineras de distintas partes del mundo, pero no solo por el potencial que representa la extracción de litio para la electromoviliad y la transición energética, sino también –y especialmente– por las facilidades que encuentran las empresas para instalarse en el país, que es el mercado más desregulado y el que menor control y apropiación pública de la renta minera asociada al litio tiene en la región. Así lo advierte la cuarta declaración del Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio, una organización creada hace tres años por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y compuesta por más de un centenar de especialistas de 28 líneas de investigación en litio de todo el país para el debate y el aporte de evidencias para políticas públicas.
“La idea del foro es tratar de analizar lo que sucede en torno al litio desde múltiples disciplinas y es una construcción colectiva de conocimiento”, destaca Andrea Calderón, investigadora del Laboratorio de Energías Sustentables del Instituto de Física Enrique Gaviola, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del CONICET, y recuerda el Encuentro Nacional sobre Litio que este grupo organizó en diciembre de 2021, “con la idea de generar un marco de discusión con la participación de todos los grupos o sectores afectados a la actividad litífera”, que contó con la participación de referentes sindicales, representantes de las comunidades y autoridades gubernamentales.
“Creemos que la discusión tiene que ser amplia y no solo por parte de los gobernadores, con quienes firman convenios de entendimiento y que se cierre todo ahí sin escuchar al resto de las voces. Por eso, una de nuestras propuestas es la que traemos desde la primera declaración: conformar una comisión nacional del litio, que entendemos que tendría que tener ese rol”, dice Calderón.
Ahora, en la cuarta declaración, también advierten sobre la falta de control de este recurso por parte del Estado nacional y sobre los riesgos de la regulación actual para la soberanía sobre este recurso. Por un lado, el Código Minero argentino permite que cualquier empresa privada, nacional o extranjera, adquiera yacimientos públicos de litio vía concesiones mineras provinciales, a perpetuidad y sin condiciones, que pueden ser hipotecadas o vendidas cuando la empresa concesionada lo desee. Por otro, la Ley de Inversiones Mineras, del año 1993, les otorga a las empresas que decidan explotar esas concesiones diversos beneficios, entre ellos: enormes exenciones impositivas, estabilidad fiscal por 30 años y un régimen de regalías que no les permite a las provincias cobrar más del 3% del valor de las ventas declaradas por las mismas empresas (descontando todos los costos que van desde la bocamina hasta el puerto).
Tentados por estas facilidades, durante la última década se han multiplicado los proyectos extractivos en manos de corporaciones extranjeras, de Australia, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y, si bien por el momento solo hay dos emprendimientos operativos (uno en Catamarca, y otro en Jujuy), existen más de 50 proyectos en diferentes etapas de consolidación, seis de los cuales estarían próximos a volverse operativos. Una vez que este escenario se consolide, “con más de 20 empresas de los países centrales operando en el territorio será prácticamente imposible modificar la situación”, advierte la cuarta declaración del Foro, acerca de la soberanía argentina sobre estos recursos.
Al respecto, el investigador Bruno Fornillo, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (IEALC-UBA) y del CONICET, sostiene que la Argentina cuenta con un marco jurídico político para con el litio “totalmente liberado”, que permite la acción directa de los países centrales. “Tal es así, que estamos prontos a ver poner en marcha una cantidad de proyectos que van a hacer que el litio local esté dominado por una serie de corporaciones extranjeras que exportan el litio”, advierte Fronillo, y agrega que, en el último documento que presentaron desde el Foro, repasan el marco jurídico que se aplica en el resto de los países que tienen litio en la región.
En Chile, por ejemplo, las empresas privadas que extraen este recurso tributan al Estado el 40% del precio de venta del litio y destinan 25 millones de dólares anuales a las comunidades afectadas, y una cifra similar a la investigación. Además, están obligadas a vender el 25% del litio producido en el mercado local. Esto parece una panacea de este lado de la cordillera, adonde todo el litio producido es exportado.
“Nosotros acá, para hacer una investigación, ni siquiera contamos con litio argentino, tenemos que comprarlo afuera porque no tenemos acceso al litio de acá”, revela Calderón. Ni siquiera las plantas pilotos de Y-TEC podrán fabricar baterías para vehículos eléctricos con carbonato de litio argentino, al igual que cualquier proyecto que lo requiera. “En las condiciones actuales, el litio es de quienes han concesionado todos los pedimentos de los salares. ¿Cuál es la ventaja de la Argentina, entonces? Estamos tratando de desarrollar algo sobre un recurso que está en nuestro territorio, pero sobre el cual el control no es del Estado”, argumenta la investigadora.
La declaración del Foro también llama la atención sobre una “desconexión” entre el ámbito científico y tecnológico local con el mundo productivo y la definición de políticas públicas para el sector. “Hay política científica intentando generar conocimiento en la construcción de celdas para baterías, por ejemplo, pero si eso no se vincula con el control del recurso, no va a cambiar nada, porque no se le va a poder dar valor agregado a algo que no tenemos”, afirma Calderón.
Otros caminos para el litio
“No hay nada que vincule el conocimiento que nosotros producimos con la extracción o la forma de trabajar en los territorios. Hay aportes que tienen que ver con cómo se puede procesar el litio y cómo se puede extraer, en términos técnicos, pero también sobre cómo se puede trabajar con las comunidades y cuáles son los derechos que los asisten, pero no hay un canal que nos vincule con las políticas específicas”, coincide la investigadora Deborah Pragier, de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Pragier investiga sobre las respuestas de las comunidades frente a los proyectos litíferos y a las estrategias que utilizan las empresas para instalarse en los territorios.
Así como la situación es diferente en Chile, esto tampoco ocurriría en Bolivia, adonde el Estado controla el 100% de los salares (Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes) porque el litio es considerado un recurso estratégico. Además, cuenta con una empresa pública, Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), que proyecta ingresos de 500 millones de bolívares para este año, algo así como 70 millones de dólares correspondientes a 18.700 toneladas de KCl (potasio) y solo 400 toneladas de carbonato de litio.
De manera similar, a principios de este año México también declaró al litio como recurso estratégico y lo nacionalizó. De ese modo, frenó el otorgamiento de nuevas concesiones. Recientemente, además, ha creado la empresa pública nacional denominada “Litio para México”, que cuenta con más de 80 concesiones propias, y ha puesto en revisión a las hechas a otros actores privados. “Estamos viviendo una oleada soberanista en América Latina, compleja, heterogénea, con marchas y contramarchas, pero que no se asemeja nada a lo que ocurre en Argentina”, afirma Fornillo.
Al respecto, Pragier advierte que, así como las comunidades dependen de la buena voluntad de las empresas y deben negociar en una situación de poder desigual, las provincias también deben negociar con estas corporaciones, lo que impulsa a las provincias a competir entre ellas en cuanto a cuál baja más sus estándares con respecto al cuidado del ambiente, al control que harán sobre la normativa laboral y a cuántas regalías pedirán, por ejemplo. “Mientras sigamos sin transformar o sin pensar una normativa que acompañe a un cambio de modelo de producción y consumo, no vamos a poder hacer algo distinto. El problema estructural respecto de cómo producimos, cómo consumimos, cuál es el rol estatal en esa producción y en ese consumo, cuál es el rol de las empresas nacionales y extranjeras, cuál es el rol de la provincia y de las comunidades, no está puesto en cuestión”, afirma.
Por eso, la principal recomendación del Foro es declarar al litio como recurso estratégico y sacarlo del código minero. “Las provincias piensan que hablar de recurso estratégico es sacar los recursos de las provincias, y eso no necesariamente debería ser así, el Estado nacional podría garantizar un montón de condiciones para las provincias y negociar con mayor poder ante las empresas. La discusión no es si el recurso debe volver a la Nación, sino cómo se negocia con esas empresas y que es lo que el Estado, provincial o nacional, debe resguardar para sí mismo”, agrega Pragier.
Además, Fornillo destaca otras regulaciones que, de implementarse correctamente, podrían otorgar mayor poder de negociación, con las provincias y las empresas, como la Ley Nacional de la Actividad Nuclear, según la cual la propiedad y el dominio sobre los materiales fusionables especiales, entre los cuales se encuentra el litio, corresponde a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); los requerimientos ambientales que deben cumplir las empresas y el respeto por rango constitucional para la consulta previa, libre e informada.
“El objetivo es lograr el aprovechamiento y la generación de nuevas vías de desarrollo para el país y bienestar de los argentinos, con una política soberana sobre la situación litífera; y justamente, todas estas dimensiones buscan que haya una mayor apropiación de rentas, un mayor control ambiental y una gestión más democrática”, concluye el investigador.
Foto: Deborah Pragier
Fuente: Socompa
