¿Qué economía para el país que viene?

Las dos preguntas están de la mano porque, en el mundo de hoy, son limitadas las posibilidades de responder a nivel nacional sin tomar en cuenta la dinámica mundial. Aunque (primer punto, que define ya una manera de comprender la relación entre economía, vida, comunidad y política) la economía nacional no se deduzca de la economía mundial, no quede determinada sin más por ella, en tanto las voluntades de autogobierno de las comunidades nacionales, las voluntades políticas, instrumentadas a través de los Estados, intervienen.

Por eso, resulta decisivo para responder esas preguntas definir, ante todo:¿cómo se entiende esa relación economía-política-comunidad? Y, por otra parte, determinar los fines más generales que se persiguen. Fines que no vienen determinados por realidad alguna, sino que constituyen el ámbito de libertad de los seres humanos y de las comunidades que conformamos, en las que nacemos y crecemos, y de las que dependemos.

La economía, en tanto sector del conocimiento, debe ser entendida como economía-(eco)política, es decir, como una disciplina histórico-social atravesada, por lo tanto, por dimensiones y adscripciones éticas y antropólogico-filosóficas, que necesariamente la orientan. Es decir, la economía no es la “ciencia mayor” de la que se podrían deducir los fines y que los determinaría.

En cuanto a la economía (o lo económico)como ámbito de las actividades humanas materiales, de producción, intercambio y consumo, no es un campo de totalidad sino un subsistema más, que, junto con los subsistemas político-administrativo, ético-cognitivo, y social-reproductivo, compone una totalidad en devenir que llamamos “sistema de reproducción eco-social de la existencia humana”. Sistema que es, a su vez, un subsistema del ecosistema general planetario. De manera que el subsistema económico -a la vez que influye los otros subsistemas- es influido de modo legítimo, inevitable y necesario, por lo que ocurre en el campo de la cultura de una comunidad, de sus procesos sociales y sus dinámicas y determinaciones éticas y políticas.

En cuanto a los fines perseguidos por medio de la economía, estos ya pueden declinarse en términos de la respuesta a la pregunta sobre la economía del país que viene. Pero esta pregunta tiene dos dimensiones: ¿Qué economía queremos? ¿Qué economía tendremos? La respuesta a la última dependerá, en parte, de la respuesta que demos las fuerzas sociales y el propio gobierno a la primera pregunta. Si no queremos ser un simple y resignado esclavo de las circunstancias, sino un actor libre y consciente, se trata, ante todo, de contestar la primera de ellas.

Con ese punto de partida, la economía que el país necesita, es decir, la que queremos, debe tener ciertas características irrenunciables en cuanto a sus fines.

Por una parte, debe combatir las desigualdades, implementando, en todos los ámbitos, políticas de Estado tendientes a producir una redistribución progresiva y sistemática de la riqueza y el ingreso. El objetivo general de semejante orientación puede definirse en términos de satisfacer, de modo pleno, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la comunidad argentina en su conjunto.

También, y en el mismo movimiento, esta meta general cumple con otro objetivo, no menos importante, y de carácter estrictamente económico: ampliar y fortalecer sostenidamente el mercado interno. Generar una demanda robusta que impulse las actividades productivas, en especial las de las pequeñas y medianas empresas y de la economía popular, sectores que ocupan la gran mayoría del trabajo nacional, y que producen, en lo esencial, para ese mercado, el interno.

Es importante subrayar que los dos objetivos responden a un mismo compromiso e interés, y se retroalimentan. El fin, principal e irrenunciable, que persiguen es construir un país que haga posible a todos sus habitantes, de cualquier género, edad o condición, vivir no sólo dignamente en términos materiales, sino con la posibilidad de desplegar todas sus capacidades vitales, no sólo productivas, sino también afectivas, políticas y recreativas. De más está decir que esto enriquecería y potenciaría en grado sumo al país, su sociedad y su desempeño económico, agregándole dosis de creatividad y productividad severamente limitadas en la actualidad que atravesamos, determinada por el patrón neoliberal y dominada por la exclusión y la miserabilización de importantísimos contingentes de argentinas y argentinos, que ven reducidas sus capacidades a una mínima expresión, la de la mera supervivencia o, a lo sumo, la lucha por la acumulación.

De allí que se trate de hacer del cuidado y despliegue de toda vida humana -y aun de sus condiciones biofísicas de posibilidad-, el fin supremo e irrenunciable de la economía y de la política. Subordinando a ese fin, en su condición de medios o instrumentos, la obtención de ganancia, la acumulación de riqueza, el derecho a la propiedad privada de los medios de producción (o, al menos, los derechos que derivan de ella), y el espíritu de negocio.

Para que sea sostenible en el tiempo una economía que busca la satisfacción de derechos y el bienestar general de la población, como fin primero e irrenunciable, es necesario reorientar la estructura productiva nacional hacia actividades de alto valor agregado, en el seno de cadenas de valor federalizadas, y con el mayor aporte de ciencia y tecnología nacional que se pueda generar. Y, asimismo, financiadas en nuestra propia moneda, en toda la medida en que se pueda.

Por otra parte, las capacidades técnicas y tecnológicas acumuladas -y por desarrollar- deben hacer posible la reorganización del mercado de trabajo bajo nuevos patrones que aseguren, de un lado, un sendero hacia el pleno empleo de la población económicamente activa y, del otro, la distribución horaria de la carga laboral al interior de ese universo de una forma tal que nadie viva para trabajar sino que todos trabajemos para vivir, procurando que el trabajo de la comunidad asegure, con su producción, la satisfacción de las necesidades vitales de todos sus miembros y, al mismo tiempo, la realización, personal y comunitaria, material, intelectual y espiritual, de cada hombre y cada mujer.

Siempre en aras a la sostenibilidad tanto como al bienestar de las personas, es imperioso también que este proceso sea encarado con la creatividad y la perspicacia, sociales, políticas y técnicas suficientes para poder incorporar, definitivamente, la dimensión ambiental como parte de los diagnósticos, los procesos y las soluciones. Sólo así se producirán estrategias, procedimientos y prácticas sostenibles en el tiempo, innovadores y compatibles con el cuidado de la vida, en sentido pleno.

La inserción del país en el mercado mundial y la transformación de su matriz productiva requerirán, por lo tanto, reajustes importantísimos, que no sólo pasan por mejorar la variedad de sus mercados, el alcance y el valor agregado de sus exportaciones, objetivos de indispensable realización, sino también por fortalecer el control y la fiscalización estatal sobre el comercio exterior y las actividades portuarias.

El otro frente de indispensable transformación es el que tiene que ver con la moneda nacional y su función como reserva de valor, y con el dólar, su papel y su comportamiento en la economía argentina. Resulta crucial resolver las debilidades estatales y los determinantes sistémicos que hacen de la fuga de capitales y la acumulación del ahorro nacional en guaridas fiscales el comportamiento paradigmático del gran empresariado nacional y de los sectores de altos ingresos de nuestra sociedad. En consonancia con ello, es indispensable reforzar la capacidad de fiscalización del Estado sobre la evasión fiscal de los grandes contribuyentes.

Aspectos políticos inseparables

Esto conduce, en cuanto a los objetivos generales de la economía para el país que viene, a una reflexión sobre algunos aspectos políticos inseparables de ese programa.

En consonancia con lo que está ocurriendo en gran parte del mundo así llamado “occidental” (países como Francia o Alemania, por ejemplo) que ha redescubierto las virtudes de un Estado presente, activo y regulador, se trata de terminar, de una vez por todas, con el mito neoliberal/neoconservador de la prescindencia del Estado en la actividad económica. En un mundo íntegramente interconectado e interdependiente, en el que a la red de los Estados Nacionales se contrapone la red de las corporaciones transnacionales globalizadora, en buena medida deslocalizadas y desinteresadas de los destinos estrictamente nacionales, en el que los circuitos globales de especulación financiera penetran -y aun conducen u orientan- todas las actividades productivas y buena parte de las actividades sociales y políticas, el fortalecimiento del Estado y la reconstrucción de sus capacidades de intervención, regulación y orientación de las economías nacionales, así como de su participación en el concierto internacional, es decisivo e indispensable para garantizar a los habitantes de cada país y territorio el acceso con cierta seguridad a los bienes y servicios que necesitan para vivir y prosperar.Tanto como que podrán contar con un ámbito de participación ciudadana en el que hacer valer no sólo sus derechos, sino también sus aspiraciones y sus puntos de vista sobre el destino común. A eso se le llamó Democracia.

Si hay algo que ha demostrado el gran capital, en su fase neoliberal, a lo largo de los últimos cuarenta o casi cincuenta años, pero que se ha hecho trágicamente patente con la pandemia de Covid-19, es que entre sus objetivos no cuentan como fines (aunque pueden contar como medios) ni la vida de las personas, ni la democracia ciudadana, ni la salud del medio-ambiente y los ecosistemas, sino tan sólo la concentración de riqueza y poder en manos de sus propietarios, accionistas y funcionarios, técnicos, empresariales o políticos. Su proyecto está ordenado por fines opuestos a los enunciados más arriba como orientadores de una economía para el país (y el mundo) que viene. Constituir (algo ya hecho), reproducir y consolidad una oligarquía económica, plutocrática, global y transnacionalizada, capaz de imponer su poder de dominio sobre el conjunto de la humanidad, concentrando, en sus manos y para los exclusivos de su propia supervivencia, la riqueza y el poder, de manera de controlar las consecuencias desestabilizadoras-sociales y ambientales- que pueda generar el insoportable nivel de despojo y explotación del resto del mundo, es el perfil del programa que se proponen y que vienen tratando de llevar a cabo. Socios de ese proyecto oligárquico global los hay en todos los países del mundo. Especialmente inescrupulosos, en los países periféricos y semi-periféricos del sistema mundial, como el nuestro.

La irracionalidad e insostenibilidad ambiental, social y económica de semejante programa global, se hace evidente cuando se advierte, como señala el último informe de Oxfam, que el 1% más privilegiado de la población planetaria genera, dado su estilo de consumo, desaforado y suntuario, el 50% de las emisiones responsables del calentamiento global, mientras el 50% más pobre de la humanidad casi no contribuye a ello.

Esto último conduce a subrayar, en contraste, la racionalidad ambiental, social y económica del marco de fines y objetivos económicos generales sostenidos en este texto. No está demás poner en evidencia que esta oposición de proyectos generales entre sectores sociales, nacionales y mundiales, se expresa con vigor en la jurisprudencia, como una tensión y una lucha entre la primacía del derecho corporativo o la primacía de los derechos humanos, en especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son de incidencia colectiva y requieren la proactividad de Estados reguladores, orientadores y fiscalizadores.

En consonancia con ello, el poder judicial se ha visto, él también, atravesado en todos los países del mundo por esta lucha de proyectos, que inclinan a sus funcionarios, sus doctrinas y sus prácticas, o en favor de un orden oligárquico dominado por los privilegios derivados de una irrestricta libertad de negocios y de concentración de la riqueza, o en favor de un orden democrático e igualitario, que necesariamente subordina (aunque no suprime) la libertad de negocios a fines de orden social, comunitariamente establecidos y regulados.

Por último, cabe preguntarse si, en una economía de mercado como la nuestra, existe algún factor puntual que puede impulsar, en mayor medida que otros, un desarrollo en el sentido aquí sugerido. En principalísimo lugar se encuentra el aumento constante del salario real. Sólo de este modo se podrá generar el mercado interno que el país necesita, no sólo para garantizar el bienestar social, lo que ya es fundamental, sino, más específicamente desde el punto de vista económico, para impulsar el consumo que, a su vez, convoque a la producción y a la inversión. No hay inversión ni producción sino para un consumo solvente. Generar éste es incentivar y promover aquellas. El control del mercado de divisas, el combate contra la fuga y la evasión, y el control o la fiscalización del comercio exterior configuran, como se señaló más arriba, otro punto de apalancamiento. Como parte de este proceso, es esencial el fortalecimiento de la moneda nacional como reserva de valor.

En una economía como la que recibimos, con un muy amplio universo de trabajadores en la informalidad, que han terminado por constituir un extendido sector de economía popular, la organización y potenciación de esa economía popular desde el Estado constituye otra palanca de desarrollo.

El apoyo al sector productivo de capital nacional interno, especialmente para fomentar la fabricación de bienes que reduzcan la dependencia importadora, agravada tras las sucesivas reformas neoliberales desde la irrupción de la última dictadura cívico-militar, es otro. Y la inversión sistemática en innovación, ciencia y tecnología aplicada al desarrollo nacional en todos sus sectores productivos, según un esquema de desarrollo sostenible, es también indispensable en el mismo sentido.

Por último, se trata de desplegar una política exterior que amplíe los mercados de exportación, pero que, sobre todo, garantice que la inversión extranjera, cuando la hubiera, se realice, necesariamente, con integración de inteligencia, desarrollo industrial y trabajo argentinos, y con transferencia de tecnologías. Reflexión final.

(*) Diputada Nacional (Frente de Todos). Economista (*) Filósofo