«Nosotros no consideramos que aquellos que hayan sacado los dólares del sistema son delincuentes. Creemos que son personas que pudieron escapar de las garras del Estado (…). No tiene nada de malo que la gente blanquee los dólares y eso no es ningún delito», dijo la semana pasada el presidente Javier Milei.
No mucho tiempo atrás, en 2016, Mauricio Macri, jefe de Estado entonces, buscó llevar tranquilidad a sus pares del empresariado al lanzar su propio blanqueo de capitales. «Ya no vamos a tener más que protegernos, ni escondernos», confesó.
A su lado estaba Luis Caputo, en aquel momento a cargo del Ministerio de Finanzas y hoy titular de Economía, uno de los funcionarios que formuló declaraciones sobre el posible lanzamiento de un nuevo (mal llamado) «blanqueo de capitales».
Aunque se pretende justificar esa probable medida como beneficiosa para el conjunto de la economía, la realidad es que atañe a una parte reducida y privilegiada de la población: aquella que posee dólares no declarados.
El problema es que, en muchos casos, la tenencia de moneda extranjera por fuera del sistema se vincula con casos de evasión impositiva y fuga de divisas, prácticas que desde hace decenios vienen restando recursos para el desarrollo nacional.
La alentada exteriorización de capitales hoy ocultos, además, tiende a fomentar la informalidad económica y hasta, eventualmente, delitos más graves como la trata de personas o el narcotráfico. Lo cierto es que, según los trascendidos, en su urgencia por atraer divisas, el Ejecutivo volvería a dejar de lado la necesaria intervención parlamentaria.
El anunciado blanqueo es además una especie de confesión de debilidad por parte de la gestión gubernamental, que no logra incrementar las reservas monetarias para cumplir con el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las presiones sobre las reservas son elevadas. En julio hay que pagar 4.327 millones de dólares por Bonares y Globales (más 2.477 millones a otros organismos internacionales) e intereses al mismo FMI por 1.655 millones de dólares.
Datos preocupantes
En medio de esos aprietos financieros, la economía real sigue mostrando datos preocupantes: la actividad industrial, por ejemplo, cayó 2,7% en enero-marzo (en la medición sin estacionalidad) con respecto al último trimestre de 2024.
Sin que las estadísticas den sustento al optimismo oficial, la realidad es que nos encontramos ante un nivel de actividad fabricante menor al vigente cuando contrató Milei, momento que el presidente calificó de «situación escandalosa».
El cotejo interanual del primer trimestre resultó positivo (6,1% de repunte), aunque la comparación de la actividad fabril se hace con el peor momento del sector, después del padecido durante la pandemia. Tampoco despega la construcción. La actividad se ubicó en los tres primeros meses del año un 26% por debajo del mismo período de 2023.
Este rumbo, como se ve, es particularmente perjudicial para la inmensa mayoría de las pymes y para millones de trabajadores/as y jubilados/as, mientras el Gobierno y el sector empresario más concentrado, nacional e internacional, procuran instalar de manera definitiva un modelo de país con altos niveles de inequidad social.
Una economía donde todo funciona sin regulaciones, sin límites, una economía neoliberal (aunque se la intente disfrazar de libertaria), generaría una concentración aún mayor de la riqueza y dejaría a la gran mayoría de la ciudadanía al margen del sistema, y especialmente en esta ocasión, asestando un fuerte golpe a la clase media.
En esa dirección apuntan proyectos como el fracasado de Ficha Limpia (intento de proscripción de la expresidenta Cristina Fernández) y la destrucción de funciones esenciales del Estado. Este año electoral, es de esperar, brinda la oportunidad de modificar el sendero, con vistas a un mayor bienestar, refuerzo de derechos para la población más vulnerable, recuperación de la soberanía política y herramientas para establecer mayores grados de justicia social.
