Una década después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, el panorama del sector en la Argentina muestra más retrocesos que avances en lo que hace a la esencia de aquella normativa: la comunicación entendida como un derecho social.
La discusión y aprobación de la ley significó un triunfo democrático ya que derogó un decreto-ley de la dictadura cívico-militar que se mantuvo vigente durante 29 años. Una de las consecuencias favorables de su debate fue la exposición pública de las presiones mediáticas, las líneas editoriales puestas al servicio de la defensa de las empresas.
Pero la ley fue desguazada en sus artículos antimonopólicos ni bien llegó al Gobierno Mauricio Macri: el 11 de diciembre de 2015, decretos mediante, derogó los límites que los legisladores habían establecido para la concentración empresaria. Esos límites servicialmente derogados por Cambiemos habían sido cuestionados judicialmente por el principal grupo de medios del país durante el gobierno anterior. En tribunales amigables la empresa interpuso medidas cautelares para frenar su aplicación, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en octubre de 2013, ratificó la constitucionalidad del articulado. «A diferencia de lo que sucede en la libertad de expresión en su dimensión individual, donde la actividad regulatoria del Estado es mínima, la faz colectiva exige una protección activa por parte del Estado –expresó la Corte en su fallo–, por lo que su intervención aquí se intensifica. Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público, motivo por el cual el interés del Estado en la regulación resulta incuestionable».
Con todo, el Estado representado por el actual Gobierno se desentendió de dicha función y actuó como agente de negocios de los grandes conglomerados mediáticos. Así llegamos a la hiperconcentración vigente, cuya nave insignia es la fusión entre Cablevisión y Telecom, con impacto en internet, telefonía fija y móvil, donde la megacompañía concentra, según el rubro, desde el 35% hasta el 56% del mercado, junto con el poder de fuego que el grupo Clarín ya tenía en medios audiovisuales y diarios.
Así, en Argentina se pasó de considerar la comunicación como un derecho –con todas las limitaciones que pueden señalarse a la aplicación de la ley hasta 2015– a una política mercantilista, que enfocó al sector de las comunicaciones en términos de negocios, tal como expresó el primer ministro de Comunicaciones designado por el macrismo, Oscar Aguad, quien dijo a poco de asumir el cargo que «la mejor ley de medios es la que no existe» y afirmó que «los medios deben vivir de la publicidad que venden». Y vaya si cumplió. Además, los medios amigos del oficialismo lograron «vender» cuantiosa publicidad a los organismos del Estado que los beneficiaron con generosas pautas.
La autoridad de aplicación fue gubernamentalizada, cancelando los espacios de participación que la ley original dispuso para vastos sectores vinculados con el quehacer de la comunicación. De igual modo, los programas de fomento para la producción local sufrieron recortes y reducciones y, como ya se dijo, se privilegió la mercantilización,
Con todo, y como base para comenzar a recuperar espacios de democratización de la palabra, no sin dificultades –muchas de ellas provocadas por la deliberada acción gubernamental actual–, los prestadores comunitarios y sin fines de lucro se van consolidando de a poco, en base al reconocimiento que la ley otorgó con la reserva de un tercio del espectro para estos proyectos. En tanto, la organización que sentó las bases de lo que fue la ley, la Coalición por una Comunicación Democrática (en la que el movimiento cooperativo nucleado en el IMFC participa desde su fundación), no solo se mantiene vigente sino que sigue bregando por el gran objetivo de «construir una política de comunicación que supere la crisis actual con más trabajo, más voces y más democracia informativa», según señala un documento reciente. En síntesis, la puja entre los dueños de la comunicación y sus negocios y quienes quieren ejercer el derecho a expresar ideas y dar debates públicos en los medios no terminó. La batalla continúa.
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Fuente: Revista Acción
