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La Paz es mala para los negocios (El Tábano Economista)
Nos encontramos en una era donde la retórica de la paz es meramente el guante de terciopelo que oculta el puño de hierro del complejo militar-industrial-financiero. La transformación de la OTAN de una simple alianza militar defensiva a un ecosistema financiero-industrial permanente ya no es una teoría de conspiración marginal; es la política oficial y declarada de la élite occidental. En el centro de este cambio de paradigma histórico se encuentra una propuesta que ha sido presentada con el lenguaje estéril y tranquilizador de la salvación tecnocrática: el Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia, conocido por sus siglas en inglés como DSRB.
Para el ojo no entrenado, o para aquel que se conforma con los comunicados de prensa institucionales, esta iniciativa suena como un mecanismo burocrático más, diseñado para garantizar la seguridad continental frente a las amenazas del siglo XXI. Pero para los que saben leer la letra pequeña de las finanzas globales y entender los flujos de capital subterráneos, el DSRB es el plano arquitectónico para la mayor transferencia de riqueza en la historia de Occidente. Estamos presenciando la financiarización absoluta de la guerra, un sistema donde la propia arquitectura del crédito está diseñada matemáticamente para hacer que la paz sea económicamente inviable y el conflicto armado una necesidad permanente, estructural y, sobre todo, extraordinariamente rentable.
Para comprender la verdadera naturaleza financiera, uno debe mirar primero a sus arquitectos, porque en el mundo de las altas finanzas, el mensajero siempre revela la verdadera naturaleza del mensaje. No es ninguna coincidencia, ni mucho menos un accidente histórico, que los principales promotores de este leviatán bancario sean Luc Frieden, el Primer Ministro de Luxemburgo, y Mark Carney, el Primer Ministro de Canadá en un artículo firmado por ambos en el Financial Times (FT) periódico de origen británico favorable a la globalización. La geografía y el currículum de estos dos líderes son la clave de todo el engranaje.
Luxemburgo no es un país normal en términos financieros; es la gran catedral de la optimización fiscal europea, el domicilio legal donde los fondos de inversión más grandes del planeta, incluido BlackRock, estacionan sus billones de dólares para evitar la tributación nacional y esquivar el escrutinio democrático. Frieden no propone un banco por un repentino y fervoroso patriotismo por la defensa de las fronteras europeas; lo propone para crear una nueva clase de activos altamente lucrativa, un nuevo vehículo de deuda soberana para los fondos domiciliados en su paraíso fiscal.
Al otro lado del Atlántico se encuentra Mark Carney, la encarnación perfecta y acabada de la élite financiera globalista. Su currículum se lee como el directorio de un gobierno en la sombra que opera por encima de las naciones. Goldman Sachs, Gobernador del Banco de Canadá, Gobernador del Banco de Inglaterra y alto ejecutivo de Brookfield Asset Management. Carney no ve el mundo a través de la lente de un político tradicional preocupado por construir escuelas, mantener hospitales o fortalecer el tejido social; lo ve exclusivamente como un gestor de carteras buscando rentabilidad en una economía global estancada que carece de activos seguros.
La fusión del poder estatal y la especulación financiera en la esfera pública es absoluta, y se manifiesta de manera descarada a través de la vertiginosa puerta giratoria que conecta los más altos cargos del gobierno con las salas de juntas de Wall Street y la City de Londres. Cuando Carney necesitaba dirigir el nuevo y masivo gasto de defensa de Canadá, no buscó a diplomáticos experimentados, ni a estrategas militares, ni a expertos en relaciones internacionales. Nombró a Doug Guzman, un ex colega de Goldman Sachs y viejo amigo de sus días en la banca de inversión, como el CEO de la nueva Agencia de Inversión en Defensa.
Mientras tanto, en Ottawa, el papel crucial de viceministro de Comercio Internacional fue entregado a Glenn Purves, quien fue economista en jefe del Instituto de Inversión de BlackRock. Este nombramiento no es un mero movimiento de personal; es la institucionalización explícita de un conflicto de intereses colosal. El gestor de activos más grande del planeta, el fondo que lo posee todo y que tiene participaciones cruzadas en todas las grandes empresas de defensa del mundo, ahora tiene un conducto directo y oficial hacia las políticas comerciales y de defensa del gobierno canadiense. El Estado ya no regula al mercado; el mercado ha capturado al Estado de manera formal, y sus ejecutivos ahora escriben las leyes de la guerra desde los despachos ministeriales.
Pero, ¿cómo funciona realmente esta magnífica máquina de extracción de riqueza? ¿Por qué insisten Frieden y Carney en que el DSRB es una necesidad absoluta e ineludible? Su argumento público está envuelto en el lenguaje de la frustración regulatoria y la urgencia geopolítica. Afirman que las regulaciones bancarias internacionales actuales, específicamente los acuerdos de Basilea III y IV, están obstaculizando la acumulación militar y frenando la reestructuración de las fuerzas armadas occidentales. Bajo las reglas de Basilea, que fueron diseñadas tras la crisis de 2008 para evitar que los bancos se endeuden hasta el cuello, prestar a empresas de defensa, especialmente a las de tamaño medio que están expandiendo sus líneas de producción, se considera una actividad riesgosa.
Los bancos están obligados por ley a mantener una cierta cantidad de su propio capital en reserva como colchón de seguridad contra estos préstamos. La regla de oro de Basilea dicta que un banco comercial solo puede prestar aproximadamente doce euros por cada euro de capital propio destinado a cubrir el riesgo de la deuda. Los bancos, que están ansiosos por financiar el auge de los armamentos porque es un negocio extremadamente lucrativo, encuentran sus manos atadas por estas normas de prudencia financiera. La solución propuesta por los banqueros globalistas reconvertidos en políticos es crear el DSRB, una institución multilateral que no funcionará prestando su propio dinero, sino que operará como una magnífica y sofisticada máquina de transferencia de riesgo.
El truco del DSRB opera en tres pasos engañosamente simples, diseñados para evadir el sentido común y las regulaciones financieras. El primer paso es la emisión de bonos con calificación AAA, lo que ellos llaman eufemísticamente «dinero barato». El DSRB sale a los mercados de capital globales y emite deuda masiva. Debido a que este nuevo banco está respaldado por las garantías soberanas de los estados miembros de la OTAN y la Unión Europea, inversores institucionales como BlackRock, los fondos de pensiones globales y las compañías de seguros consideran que estos bonos son tan seguros como la deuda de una nación rica y estable. Reciben la calificación crediticia más alta posible, la AAA, y, por lo tanto, el DSRB puede pagar tasas de interés muy bajas.
Este es dinero barato, extraído directamente de los ahorros globales de la clase trabajadora y de los fondos de pensiones de los ciudadanos. El segundo paso es la garantía multilateral, que funciona como el truco de la varita mágica. El DSRB toma este dinero barato y no se lo presta directamente a los contratistas de defensa. En su lugar, proporciona una garantía soberana a los bancos comerciales como Deutsche Bank, JPMorgan, ING o Santander. El DSRB les dice a estos bancos: presten todo el dinero que necesiten a Rheinmetall o Leonardo para construir misiles, drones y munición. Si la empresa de defensa quiebra, sufre un revés tecnológico o no puede pagaros, el DSRB, y por ende los estados contribuyentes a través de sus tesorerías nacionales, los devolverá el dinero íntegramente.
El tercer paso es la multiplicación milagrosa del capital, donde la magia contable alcanza su cenit. Al poner una garantía soberana AAA sobre un préstamo de defensa que originalmente era riesgoso, las regulaciones de Basilea cambian repentinamente su cálculo de riesgo. El banco comercial ya no ve en su balance un fabricante de misiles de tamaño medio y volátil; ve un instrumento de deuda soberana libre de riesgo. Los requisitos de capital del banco para ese préstamo caen en picado, acercándose a cero.
De repente, en lugar de estar limitado a prestar doce euros por cada euro de capital, el banco puede prestar el doble, el triple o incluso más. El DSRB ha desbloqueado mágicamente miles de millones de euros que estaban atrapados en las bóvedas de los bancos por las regulaciones de prudencia. Un sistema de garantías que, según sus propios folletos, «desbloqueará préstamos comerciales a estas empresas, manteniendo las cadenas de suministro en movimiento y los precios estables». Esto significa que los bancos comerciales, que normalmente serían cautelosos al prestar a empresas de defensa en etapas de crecimiento, ahora tendrán garantías soberanas que eliminan el riesgo mientras mantienen las ganancias estrictamente privatizadas.
Esto nos lleva a la alquimia definitiva del DSRB, la transformación del dinero del contribuyente en un misil, y la extracción de beneficios en cada paso del viaje. Imagina el circuito de esta transferencia de riqueza, un ciclo perfecto de ingeniería financiera. Comienza con el ciudadano, que sin saberlo proporciona la garantía a través de la firma soberana de su gobierno. El estado firma un papel que establece que, si el contratista de defensa incumple, el tesoro nacional cubrirá la pérdida con los impuestos de su gente.
El ciudadano asume el riesgo total sin haber votado nunca un presupuesto militar específico para ello. A continuación, los bancos comerciales utilizan esta garantía estatal para multiplicar sus préstamos, originando miles de millones en crédito y cobrando fuertes comisiones por el privilegio de actuar como intermediarios. Los gobiernos, a su vez, compran estas armas a precios inflados, comprometiendo presupuestos nacionales a largo plazo. Los contratistas de defensa, inundados con capital barato a largo plazo, construyen sus fábricas y elaboran sus municiones. Las empresas de defensa obtienen ganancias garantizadas por contratos estatales a décadas de vista. Sus beneficios se disparan, el precio de sus acciones se aprecia en las bolsas de valores y pagan dividendos gigantescos a sus accionistas.
Y aquí es donde el genio oscuro del sistema alcanza su máxima expresión, pues BlackRock y los megafondos de inversión cierran el círculo y ganan en ambos lados del tablero, sin importar el resultado. En el lado de la deuda, los fondos de inversión gestionados por BlackRock, muchos de los cuales están domiciliados en el paraíso fiscal de Luxemburgo que tanto defiende Luc Frieden, compran los bonos AAA emitidos por el DSRB. Cada bono AAA genera comisiones de suscripción del 2% del valor nominal. Para lograr los 850 mil millones de euros, significa 17 mil millones de euros en comisiones, además de cobrar un interés seguro y constante, pagado en última instancia por los contribuyentes europeos y canadienses.
En el lado del capital, BlackRock es uno de los mayores accionistas de Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems y Thales a través de su fondo de inversión que permite invertir en empresas europeas del sector militar y de defensa (ETF iShares Europe Defence). A medida que estas empresas recaudan miles de millones de los contratos estatales financiados por el DSRB, el precio de sus acciones se dispara, y BlackRock cobra masivas comisiones de gestión sobre los fondos y obtiene ganancias de capital extraordinarias. El contribuyente financia el riesgo, el banco origina el préstamo y cobra comisiones, la fábrica construye el misil y obtiene márgenes garantizados, y BlackRock cobra los intereses del bono y los dividendos de la acción. El dinero público se privatiza en forma de beneficios financieros de manera sistemática e incesante.
Este ciclo crea lo que los economistas críticos llaman el negocio de la guerra permanente, un sistema donde todos los actores con poder tienen un incentivo financiero directo, matemático y estructural para oponerse a la paz y promover la perpetuación del conflicto. Es la forma definitiva y perversa de keynesianismo militar, una doctrina económica que utiliza el gasto en armamento para estimular la economía y mantener el empleo.
Pero en realidad, este keynesianismo militar desvía recursos masivos lejos de la provisión social, de la transición ecológica y de la innovación civil. Es un callejón sin salida, tanto económica como políticamente, porque destruye el tejido productivo real de la nación en favor de una industria que no produce bienestar, sino capacidad de destrucción. El término «economía de guerra permanente» ya no es una advertencia de los años cincuenta; es el modelo de negocio operativo del siglo XXI.
La gran mentira que se le vende al electorado es que este sistema no va a endeudar a los países. Los políticos saldrán en las pantallas de televisión a asegurar que el DSRB es dinero privado, que no cuenta como deuda pública y que no afectará a los servicios sociales. Pero esto es una falacia contable basada en los llamados «pasivos contingentes«. La deuda está ahí, oculta en las sombras del balance, esperando el momento de la crisis para materializarse.
Cuando la burbuja estalle, o cuando los costes de los proyectos se disparen por la corrupción y la ineficiencia inherentes a los monopolios de defensa, la garantía soberana será ejecutada. En ese momento, la deuda privada de las empresas de defensa se convertirá mágicamente en deuda pública soberana. Los estados tendrán que rescatar al sistema, y lo harán subiendo los impuestos a la clase media, recortando las pensiones y privatizando aún más los servicios públicos. La estrategia de Mark Carney de construir un eje financiero entre Canadá y Europa no es más que la materialización de esta visión. Carney, con su experiencia en Goldman Sachs y Brookfield, está utilizando su posición como Primer Ministro de Canadá para canalizar flujos de capital hacia el sector de defensa, beneficiando directamente a Brookfield, BlackRock y los grandes bancos internacionales que conforman su círculo íntimo.
El complejo militar-industrial está evolucionando hacia un complejo militar-industrial-financiero, donde el capital de riesgo fluye hacia industrias cada vez más militarizadas, y donde la frontera entre el estado, la banca y la fábrica de armas ha desaparecido por completo. Los beneficiarios concretos de este nuevo orden son fácilmente identificables. En el sector de las empresas de defensa, los gigantes europeos y americanos como Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems, Thales, Lockheed Martin y RTX están experimentando una edad de oro, con pedidos que superan los cientos de miles de millones de euros.
En el sector bancario, las instituciones internacionales como JP Morgan, Deutsche Bank, ING, Royal Bank of Canada y Commerzbank se llenan los bolsillos con comisiones de emisión, garantía y gestión de deuda. Los gestores de activos, encabezados por el oligopolio de BlackRock, Vanguard y State Street, canalizan los ahorros globales hacia este ciclo de destrucción creativa. Los centros financieros como Luxemburgo, Londres, Nueva York y Frankfurt se consolidan como los nodos por donde fluye esta riqueza extraída. Y los políticos, desde Frieden hasta Carney, pasando por la Comisión Europea y la administración de la OTAN, actúan como los gerentes de esta gran corporación transnacional, asegurándose de que el grifo del gasto público nunca se cierre.
Sin embargo, para entender el tablero completo de esta geopolítica del despojo, es imperativo analizar la fisura transatlántica que subyace a toda esta arquitectura financiera. Detrás de la «militarización bancaria» y el DSRB, se está librando una guerra comercial y geopolítica feroz por quién se queda con el pastel de los billones de euros que se van a gastar en rearme. Esta realidad fue brillantemente expuesta en un reciente análisis de Politico que revela las tensiones internas de la alianza.
Por un lado, tenemos la postura de la OTAN, liderada por su Secretario General Mark Rutte, que promueve la doctrina del «Made in NATO». Rutte y la administración estadounidense exigen que el dinero europeo se gaste comprando y coproduciendo armas con la industria militar de Estados Unidos. El objetivo de Washington es mantener a su propia industria militar en niveles de producción récord, abaratando costes por escala y asegurando que los billones de dólares del rearme europeo terminen en las arcas de Texas, Virginia y Connecticut.
Por otro lado, la Comisión Europea intenta resistir con la doctrina del «compra en Europa», argumentando que, si los contribuyentes europeos pagan la factura, la industria y los empleos deben quedarse en Europa. Para ello, han diseñado mecanismos como el programa Instrumento de Acción por la Seguridad de Europa (SAFE), que moviliza 150.000 millones de euros para financiar la producción militar y la compra de armamento. Permite a los Estados miembros obtener préstamos a largo plazo para reforzar su defensa, con un mínimo del 65% del material exigido de origen europeo.
Pero esta fisura transatlántica es, en gran medida, una ilusión óptica diseñada para ocultar la realidad del saqueo. El Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSRB) actúa como el puente perfecto que reconcilia ambas posturas en beneficio del capital financiero. A BlackRock o a JPMorgan les da exactamente igual si el misil lleva la etiqueta «Made in NATO» o «compra europea». Si el misil es estadounidense, BlackRock cobra dividendos en Wall Street; si es europeo, cobra en Fráncfort o Milán.
Las empresas estadounidenses no están perdiendo el mercado europeo; lo están capturando mediante empresas conjuntas y acuerdos de coproducción, llevándose el know-how, los márgenes de beneficio y el respaldo financiero del DSRB, mientras que los europeos ponen la mano de obra, las fábricas y el riesgo político. La supuesta «autonomía estratégica» europea es una quimera. Al aceptar la arquitectura financiera del DSRB, Europa está permitiendo que la Reserva Federal y los bancos de Wall Street dicten las condiciones de su rearme. Europa está diciendo que va a gastar el cinco por ciento de su PIB en defensa, pero en lugar de emitir deuda europea conjunta para pagarlo directamente, va a dejar que los bancos privados le presten ese dinero a través del DSRB, cobrándole intereses usureros.
La pregunta fundamental que debe hacerse cualquier ciudadano consciente es si este sistema es sostenible. Históricamente, los imperios y las naciones que han priorizado el gasto militar sobre la inversión civil, que han financiero sus guerras mediante la devaluación monetaria y la deuda oculta, han colapsado. La Unión Soviética se desmoronó en parte porque no podía sostener la carga de su complejo militar-industrial. Roma cayó bajo el peso de sus legiones y la devaluación de su moneda. El sistema actual de economía de guerra permanente puede parecer sostenible a corto plazo, impulsado por la inercia financiera y la impresión de dinero, pero a largo plazo es una bomba de relojería.
Eventualmente, los costes superarán a los beneficios, la base imponible de los estados se erosionará por la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales, y la ciudadanía, empobrecida por la inflación y los recortes sociales, se rebelará contra una élite que le ha vendido seguridad a cambio de esclavitud financiera.
La paradoja final de este sistema es que requiere la escalada continua de amenazas, la perpetuación del miedo y la imposibilidad de la paz para justificar su propia existencia. La paz no es rentable para BlackRock; la paz es un riesgo sistémico que amenaza con quebrar el modelo de negocio. Por eso, la militarización bancaria no es solo una política económica; es la declaración de guerra de las finanzas contra la sociedad, la conversión definitiva de la muerte en el activo financiero más perfecto, y la confirmación de que, en el nuevo orden mundial, la única guerra que importa es la que se libra en los balances de los bancos.
