«Basta de matar a nuestros alumnos». Estas seis palabras que conforman una brevísima oración despojada y brutal, escrita y difundida bajo forma de comunicado por el gremio docente del departamento Rosario, condensan la bestial espiral de violencia urbana que atraviesa esta ciudad del sur de Santa Fe, donde el asesinato de niños por sicarios o «tiratiros» encuentra su forma más despiadada.
«La violencia protagonizada por las bandas narco-policiales se ha adueñado de la región y en las escuelas padecemos especialmente la gravedad de la situación. Llegar o salir de las escuelas se ha convertido en ocasiones en una situación de riesgo», escribieron los maestros después de que el domingo 4 de marzo criminales en moto balearan a un grupo de personas de la comunidad Quom en el barrio Empalme Graneros de la zona noroeste de esta ciudad. Tras ese ataque murió Máximo Gerez, de 11 años, y otros tres chicos resultaron heridos por las balas.
Desde hace ya demasiado tiempo, la violencia armada se usa en Rosario como una herramienta para que las bandas narcocriminales –que no encuentran ningún actor que los limite en su accionar– cumplan cualquier objetivo que se propongan: generar terror, saldar cuentas con otros grupos, forzar la usurpación de una casa para instalar un búnker, pedir por mejores condiciones de detención para sus líderes, marcar territorios barriales o extorsionar a comerciantes o vecinos para sacarles plata.
Ya no queda nadie ni nada sin atacar en estas calles y veredas, que acumulan las marcas de balas y los charcos de sangre como cicatrices de la ruptura profunda del contrato social más elemental: escuelas, estaciones de servicio, edificios judiciales, el Concejo municipal, concesionarias de autos, parrillas, el supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi, comisarías, canales de televisión e innumerables viviendas de los barrios periféricos sucumbieron a otra frase que ayuda a entender el momento: «Plata o plomo», como escribe la mafia en sus mensajes intimidatorios.
La foto de la violencia descontrolada se apoya o se explica en una maraña de actores involucrados que van desde los más visibles, como los «tiratiros» y los soldaditos que atienden los búnkers de venta de droga, a una parte importante de la fuerza policial y a actores de cuello blanco que incluyen abogados, contadores, empresarios y empleados de la Justicia y de la política que hacen la parte que nadie ve: el lavado de dinero, o su uso para otros fines de enriquecimiento.
El Estado, mientras tanto, se mueve entre la ausencia –incapaz ya de ofrecer opciones de vida en las zonas calientes– y la complicidad, que se expresa sobre todo por el involucramiento de las fuerzas de seguridad en la trama narco: «La policía es uno de los problemas que tiene Santa Fe», dijo a principios de esta semana el presidente Alberto Fernández.
La acumulación durante muchos años de serias falencias institucionales, la presencia de nichos de riqueza muy importantes, la corrupción de las estructuras estatales supuestamente encargadas de luchar contra el crimen organizado y una situación geográfica particular –más de 30 puertos, un río enorme y rutas que llegan desde los países donde se produce la marihuana y la cocaína– terminan de armar un mosaico de muerte y delito que hoy es único en su tipo en Argentina.
Bajo fuego. Un supuesto búnker narco destruido por los vecinos del asentamiento Los Pumitas tras el crimen del niño de 11 años.
Foto: Télam
Números negros
Además de palabras que se usan para describir lo que es Rosario en la actualidad, hay números –muchos– que expresan lo mismo, desde otro lenguaje: el primero es el de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, que en 2022 fue de 22,3 contra 4,6 a nivel nacional. La segunda cifra a tener en cuenta es la de la cantidad de homicidios: el año pasado, la ciudad batió su propio récord, con 288 asesinatos y este año ya van 64 personas asesinadas hasta el 8 de marzo: un crimen por día.
Estos datos le dan contexto a otro: la altísima rotación de funcionarios del área de Seguridad: en los últimos tres años –desde que comenzó la gestión como gobernador del peronista Omar Perotti– ya pasaron cuatro ministros y diez jefes de policía.
Los números desde un registro económico también ayudan a dimensionar el tamaño de este fenómeno: según un estudio del Programa de Violencia Urbana y Seguridad Ciudadana que elabora el Instituto de Cooperación Latinoamericana (Icla) de la UNR del año 2019, el negocio narco mueve unos nueve millones de dólares al mes en la provincia.
Otro dato que importa tiene que ver con las asignaciones presupuestarias que Nación otorga a la provincia para seguridad: según un informe reciente de la Fundación Apertura, en 2022 Santa Fe recibió 2.224 pesos por habitante por año, mientras que el promedio de todas las provincias fue de 8.613 pesos. La diferencia es mayor si se compara con CABA o con la provincia de Buenos Aires, que recibieron alrededor de 9.854 pesos por habitante por año por parte de Nación.
También hay números que hablan de la riqueza y la pobreza en esta región, que está entre las más fértiles y productivas del mundo, con Rosario como corazón histórico del comercio agropecuario: en 2022 Argentina exportó bienes por 88.446 millones de dólares y los productos de origen agropecuario constituyeron dos tercios de ese total. Sin embargo, la pobreza en el primer semestre de 2022 –según el Indec– fue del 31,2% en el Gran Rosario, con una indigencia de 3,6%.
Ausencias y complicidades
¿Y el Estado qué hace? La pregunta del millón se la repiten todos los habitantes de la ciudad cada día, con respuestas variadas pero que suelen tener un denominador común: poco y nada.
La mirada social está puesta sobre dos actores principales: la Justicia y la policía. En relación a la Justicia y su escasa participación en la prevención y castigo del delito, también hay números que hablan: en el fuero federal de Rosario, durante todo el año pasado, llegó una sola causa a juicio por lavado de dinero, y solo otras cinco están en trámite. Ese fuero (el federal, encargado de llevar adelante las investigaciones relacionadas al narcotráfico) tiene apenas tres fiscales.
A eso se le suma otro fenómeno: las cárceles se transformaron en oficinas del narcotráfico. Así lo repite una y otra vez Pablo Javkin, el intendente rosarino: «Lo que sucede en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y provincial permite que se haga home office del delito. El 95% de los hechos graves de la ciudad se arman en las cárceles», escribió en Twitter el mes pasado.
La policía, a la que el diputado provincial Carlos Del Frade llama «La Santafesina SA», tiene un rol central. «Hay bandas narcopoliciales que liberan zonas en los barrios que se transforman según las órdenes impuestas por estos gobiernos de facto. El problema policial es político. Los jefes policiales no son elegidos por el espíritu santo, si no por el Gobierno provincial de turno», dijo el legislador, que lleva años investigando el tema.
Para Del Frade, estas bandas «demostraron una osadía directamente proporcional a la incapacidad de los partidos políticos que vienen gobernando la provincia y la ciudad de Rosario en estos últimos veinte años para recuperar las geografías barriales desde la política democrática».
Fotos: Télam
Fuente: Revista Acción
