El cierre de fábricas y de comercios no se detiene. Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) da cuenta de que en 2018 se produjeron tres quiebras de firmas por día hábil en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, con un total de 795, y se aplicaron suspensiones masivas en Paquetá, Tipoití, Longvie, Metalúrgica Tandil, Sport Tech, entre tantas otras, además de la cantidad de comercios que cerraron sus puertas, algunos de ellos con décadas de tradición. El informe indica que las causas de lo que sucede son la caída del mercado interno, el aumento excesivo de los costos por tarifazos e insumos importados, la imposibilidad de acceder al crédito por las altas tasas de interés y la competencia indiscriminada de productos importados.
En este último punto, el de venerar a los productos importados, se trata de un mal argentino que viene de muy lejos, tanto que contra él tuvo que luchar el mismo general José de San Martín, de quien se acaban de conmemorar 241 años de su nacimiento ocurrido el 25 de febrero de 1778.
En 1816, cuando faltaba poco más de un mes para que emprendiera el Cruce de los Andes y siendo San Martín gobernador de Cuyo, el 22 de diciembre le dirigió una nota a Vicente López, secretario de Gobierno en Buenos Aires, para pedirle que se protegiera la producción de vinos y licores “paralizados con la introducción extranjera”.
Desde que se había hecho cargo de la gobernación de Cuyo, San Martín se había preocupado por promover distintas industrias y entre ellas la del vino. Cuenta Manuel de Olazábal en sus Memorias que un día que debía cenar con él en su casa, lo encontró al General manipulando unas botellas de vino y que en cuanto lo vio, le dijo: “¿A que no adivina usted lo que estoy haciendo? Hoy tendré a la mesa a Mosquera, Arcos y a usted y a los postres pediré estas botellas y usted verá lo que somos los americanos, que en todo damos preferencia al extranjero. A estas botellas de vino de Málaga, les he puesto ‘de Mendoza’, y a las de aquí ‘de Málaga’.
De Olazábal relata que “efectivamente, después de la comida, San Martín pidió los vinos diciendo: – Vamos a ver si están ustedes conformes conmigo sobre la supremacía de mi mendocino. Se sirvió primero el de Málaga con el rótulo ‘Mendoza’. Los convidados dijeron, a lo más, que era un rico vino pero que le faltaba fragancia. Enseguida, se llenaron nuevas copas con el del letrero ‘Málaga’ pero que era de Mendoza. Al momento prorrumpieron los dos diciendo: —¡Oh! Hay una inmensa diferencia, esto es exquisito, no hay punto de comparación. El General soltó la risa y les lanzó: —Caballeros, ustedes de vinos no entienden un diablo, y se dejan alucinar por rótulos extranjeros— y enseguida les contó la trampa que había hecho”.
Recién dos años después, en las sesiones del 5, 8 y 12 de junio de 1818 el Congreso trató el pedido de San Martín. Y fue entonces cuando se enfrentaron dos concepciones diferentes de la economía: la de los proteccionistas de las industrias regionales y la de los partidarios del librecambio.
El diputado por Mendoza, Tomás Godoy Cruz, argumentó que los derechos percibidos por la Aduana de Buenos Aires y las demás aduanas con respecto al comercio interior provocaban el espíritu de rivalidad provincial. Sostuvo, además, que los vinos y aguardientes de Cuyo no podían competir con los importados porque éstos tenían una calidad superior y porque estaban elaborados con un menor costo de producción, pero aseguró que si no entraban vinos importados por el término de doce años, los vinos argentinos serían tan finos como los extranjeros.
Agregó, también, que la prohibición de productos extranjeros similares a los que se producían en el país era una medida que adoptaban todas las naciones del mundo que deseaban fomentar la industria nacional, y que los principios económicos reprobaban los derechos aduaneros sobre la exportación, pero que los vinos que pasaban por la aduana de Buenos Aires con destino a Montevideo y a Brasil estaban recargados con aranceles de salida.
Le respondió el diputado José Malabia, representante de Charcas (hoy Sucre, Bolivia) quien aseguró que correspondía aplicar derechos de aduana sobre los vinos de Cuyo porque las sumas recaudadas acrecentaban el tesoro nacional y que los derechos que percibía la Aduana de Buenos Aires no provocaba la rivalidad con las provincias sino que aumentaba la hermandad y la unidad nacional, porque era un auxilio recíproco entre pueblos que tenían un solo tesoro público y que estaban regidos por un solo gobierno central.
Además, argumentó que impedir la entrada de los vinos extranjeros no iba a contribuir a mejorar la calidad de los vinos nacionales porque la competencia solo se estimula con la libre concurrencia, y que asegurar el mercado nada más que para los productos locales significaría introducir un factor negativo que no favorecería el refinamiento. En la sesión del 12 de junio el Congreso decidió no hacer lugar al pedido de San Martín
De esta manera, una vez más triunfaron los intereses librecambistas porteños que, además, no distribuían los recursos de la Aduana en forma igualitaria con el resto de las provincias y tampoco daban prioridad a las necesidades de la guerra. De hecho, los recursos para el Cruce de los Andes y la posterior campaña para liberar al Perú provinieron de la República de Chile, entonces gobernada por Bernardo O´Higgins. El gobierno de Buenos Aires destinaba el dinero para fortalecer al ejército que combatía en contra de José Gervasio de Artigas quien, desde el Litoral, planteaba reclamos similares a los de San Martín en cuanto a la protección de la industria local y la distribución de las ganancias de la Aduana.
Años más tarde, siendo San Martín Protector del Perú, cargo que ocupó nada más que un año y diecisiete días entre el 2 de agosto de 1821 y el 20 de septiembre de 1822, promulgó el Reglamento Provisional de Comercio con el que protegió la industria nacional de aquel país. En distintos artículos dispuso el pago de un derecho del 20% para los productos importados que llegaran en barcos con bandera extranjera, con el 18% a los que llegaran de Chile, las Provincias Unidas del Río de la Plata y Colombia y con un 16% los que arribaran en naves con pabellón peruano. El pago de derechos se duplicaba si los productos perjudicaban directamente a la industria del país, tales como la ropa hecha, cueros curtidos, suelas, zapatos, botas, sillas, sofás, mesas, cómodas, coches, calesas, sillas de montar y demás productos de talabartería.
En cambio, el Reglamento eximía de derechos, sin importar la bandera del buque, productos como el azogue, instrumentos de labranza y de explotación de minas, artículos de guerra con excepción de la pólvora que la producían en el Perú, libros, instrumentos científicos, mapas, imprentas y máquinas de cualquier clase que no podían hacerse en el país y se necesitaban para su desarrollo.
Fuentes:
- A punto de quebrar. Panorama Económico. RaulDellatorre. En https://www.pagina12.com.ar
- /176780-a-punto-de-quebrar
- Documentos para la Historia del Libertador General San Martín. Tomo III. Ministerio de Educación de la Nación. Instituto Nacional Sanmartiniano y Museo Histórico Nacional. Bs. As. 1954.
- Cuccorese, Horacio Juan. Economía y finanzas durante la época del Congreso de Tucumán. Memoria Académica. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación. En: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.1027/pr.1027.pdf
* Historiadora
Fuente: El Presente de la HIstoria
