Chubut resiste cambios legales a favor de la megaminería

En las últimas semanas, la provincia de Chubut se encuentra movilizada por una situación que ya se vivió más de una vez. Mariano Arcioni, el gobernador que en su campaña electoral expresaba un no rotundo a la megaminería, presentó el Proyecto de Ley 128/20 de ‘Desarrollo industrial minero metalífero sustentable de la Provincia de Chubut’ en la legislatura de la provincia el pasado 24 de noviembre. Desde ese mismo día y prácticamente todos los días, la ciudadanía se ha manifestado a lo largo y ancho de la provincia para expresar su rechazo al proyecto.

Minería a Cielo abierto. Créditos: Diario Crónica.

La principal compañía minera de plata del mundo, la Pan American Silver, está a la espera del cambio legislativo en la provincia chubutense para poner en marcha su proyecto de explotación metalífero llamado “Navidad”. Este proyecto pretende explotar uno de los yacimientos de plata y plomo más grandes del mundo, que se encuentra en territorio argentino y más precisamente sobre el acuífero Sacanana, cercano a la cuenca del arroyo Telsen, Chubut. En este momento, está prohibida la explotación de este yacimiento con los métodos propuestos por la Pan American Silver. La empresa presiona para impulsar la fase de explotación, e incide en la agenda política de la provincia.

No es la primera vez que los lobbies mineros intentan entrar a la fuerza en el territorio. El pueblo de Chubut ya dijo que NO a la megaminería en el plebiscito de 2003, cuando el 82% de la población se declaró en contra de la zonificación minera. En ese entonces, se consiguió sancionar la Ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Esta conquista histórica por parte de la ciudadanía de Esquel es un ejemplo a nivel mundial de lucha por los recursos naturales, la salud, el agua y la vida.

Desde entonces, ha habido varios intentos por instalar la actividad en la provincia. En 2014, de la mano del gobernador Das Neves; y en 2019, Arcioni, presentaron proyectos similares al que se trata en este momento la legislatura.  Las mineras pueden esperar años por una oportunidad para instalarse en un yacimiento. Además de la Pan American, la Yamana Gold (ya repelida por el plebiscito de 2003) aún insiste en explotar los yacimientos de la precordillera -en el ahora denominado proyecto Suyai- mientras que los pobladores locales siguen rechazando la actividad, después de 17 años.

Evidentemente los lobbies mineros nunca abandonan la provincia, es por eso que desde la Unión de Asambleas y Comunidades de Chubut (UACCh) se presentó el Proyecto de Ley por la Iniciativa Popular con más de 30 mil firmas, de manera similar al que se presentó en 2014. Este proyecto tiene la intención de frenar el avance de las mineras y apostar por el desarrollo sustentable.

Manifestación en contra de la megaminería. Créditos: instagram.com/patagonia.arg

El gobierno de Chubut insiste en que es hora de debatir seriamente cómo explotar los yacimientos de la provincia. Sin embargo, la redacción a puertas cerradas y el tratamiento acelerado de la ley están lejos de constituir un debate serio como el que amerita una decisión tan trascendental. La persecución de ambientalistas, los aprietes a legisladores que votarán en contra del proyecto, la adulteración de documentos técnicos con sellos no autorizados del CONICET, las coimas y la corrupción, y la invisibilización del reclamo social masivo por parte de los principales medios de comunicación de la provincia amenazan la integridad del proceso democrático. El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) envió una carta a Mariano Arcioni el mes pasado expresando su preocupación por el accionar represivo del estado provincial hacia los defensores de los derechos ambientales. Entre los firmantes se encuentra Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, quien en una entrevista el 9 de diciembre declaró que ‘lo que está haciendo el gobernador es una traición al pueblo de Chubut’.

Carta del CONICET denunciando falsificación de documentos oficiales.

El pasado 15 de diciembre se difundió un video en el que se grabó al diputado provincial Sebastián Lopez ofreciendo sus contactos políticos y los servicios de su empresa ‘Bridges’ (puentes), especializada en ‘la rosca política’, ‘convencer diputados’ y ‘abrir puertas’, a cambio de al menos cien mil pesos, para hacer lobby a favor de la minería. Días antes, se viralizó un audio de la diputada Leila Lloyd Jones, que afirma que los legisladores provinciales recibieron coimas y contratos laborales de las mineras para impulsar la aprobación del proyecto. La corrupción del poder legislativo provincial, la represión de las protestas y el atropello de las mineras interfiere seriamente en el proceso democrático, impidiendo que la población decida sobre sus recursos y su vida.

La impunidad con que se manejan los representantes del pueblo no es novedad. El tratamiento de la Iniciativa Popular en 2014 derivó en un escándalo mediático a raíz de que se difundieron imágenes del diputado Gustavo Muñiz recibiendo direcciones de una autoridad de Yamana Gold a su celular durante el tratamiento de la Ley. Según Enrique Viale, especialista en derecho ambiental, ‘ese escándalo fue internacional y está en los manuales y libros de todo el mundo (…) Fue la primera vez que se pudo demostrar que las mineras redactan las leyes’. 

Como si fuera poco, el legítimo reclamo del pueblo por un debate sobre este tema se convirtió en una persecusión. Las manifestaciones han sido catalogadas por el propio gobierno como insignificantes, incluso el gobernador Arcioni manifestó: ‘No me van a callar o detener 500 o más ruidosos’. Predomina el silencio mediático, ya que los principales diarios y canales de radio locales no cubren las multitudinarias manifestaciones populares que se están dando en toda la provincia. Estos mismos medios difunden que se trata de manifestaciones violentas y denuncian incidentes y amenazas. Mientras, en la calle, se puede ver familias enteras marchando con dos premisas: La paz y la vida. Las fuerzas policiales de la provincia han realizado sistemáticamente detenciones arbitrarias luego de las protestas más importantes.

Manifestación en contra de la megaminería. Créditos: instagram.com/anibalaguaisol.

El proyecto de zonificación minera presentado por el poder ejecutivo plantea la zonificación del territorio provincial en 4 categorías, delimitando ciertas áreas para la explotación minera, y considerando reducir el riesgo de contaminación del Río Chubut. En las zonas 3 y 4 se posibilita la excepción de la legislación vigente y, por ende, la habilitación de la minería a cielo abierto, que se encuentra prohibida por la Ley 5001. La zonificación abarca los departamentos de Gastre y Telsen, habilitando la actividad en la mayor parte de la meseta, que representa aproximadamente un 15% del territorio provincial. Además, el proyecto plantea la posibilidad de expandir el área demarcada. La instalación de las multinacionales mineras en el territorio marcaría un punto de no retorno en los derechos del pueblo chubutense de decidir sobre sus recursos.

‘Las condiciones no están dadas para la aprobación de esta ley’, concluye una nota firmada por autoridades de CENPAT, INTA, y las universidades San Juan Bosco y UTN regional Chubut, que declaran no haber sido invitados a opinar acerca del proyecto, y remarcan su disposición a colaborar con la evidencia acumulada en los años de investigación en la región.

El marco legal e institucional no está preparado para desarrollar esta actividad a cargo de empresas transnacionales. El gobierno provincial no tiene los recursos económicos y tecnológicos para garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales, y el marco legal favorece las ganancias de las mineras, en perjuicio del desarrollo local y de la ganancia neta de la provincia y de la nación. En provincias como Catamarca y San Juan, no solo falló la promesa del desarrollo económico prometido, sino que, produjo el desplazamiento de comunidades hacia los centros urbanos, despoblamiento del territorio rural y la contaminación del agua y aire, afectando seriamente la salud de la población.

El agua es cada vez más escasa. Considerando que la mayoría de la población depende del río, el proyecto Navidad pone en jaque estas formas de vida por la enorme cantidad de agua que utilizaría. A su vez, no podrá reutilizarse debido a los niveles de contaminación con distintas sustancias tóxicas, quedando almacenada en diques de cola, un pasivo ambiental irremediable, y un riesgo latente a la salud del ambiente. Si bien la empresa asegura que el río Chubut no está conectado con esta cuenca, la única evidencia disponible fue desarrollada por una consultora de la propia empresa, ante lo cual algunos expertos insisten en que este asunto debe estudiarse en profundidad. De contaminarse el río Chubut, se comprometería la fuente de agua de cientos de miles de personas y la mayoría de la actividad productiva del valle inferior del río.

La contaminación del aire es otro asunto a considerar, la voladura de polvo debido a las explosiones, de hasta 150 mil toneladas de roca por día, libera partículas volátiles que contienen las rocas, como el plomo. La predominancia de viento oeste en la región implica un riesgo de contaminación con plomo en las localidades costeras de Madryn, Trelew y Rawson.

Si bien el ministro de salud de la provincia, Fabián Puratich, firmó el proyecto de Ley minero, varias asociaciones médicas reaccionaron expresando su preocupación por los riesgos a la salud de los niños y rechazando contundentemente la actividad minera. La Filial Valle del Chubut de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) publicó un comunicado detallando algunos de los riesgos:

*La utilización de sustancias tóxicas como el xantato, cianuro, ácido sulfúrico y otros.

*La acumulación de estas sustancias junto con otras como el plomo en los diques de cola.

*Los derrames ácidos por liberación y exposición al aire y la humedad de arsénico, cadmio y talio.

*La contaminación de las fuentes de agua con cualquiera de estas sustancias liberadas debido a la actividad.

*El consumo masivo de agua y su contaminación, por el momento irreversible.

*La voladura de metales y otras sustancias en el polvo producto de las explosiones, que llegaría a las ciudades a través del viento.

Citan el caso de San Antonio, una ciudad cuyos niños sufrieron intoxicación plúmbica incluso 20 años después de terminada la actividad de la minera. Cabe destacar que la dimensión de la explotación de plomo cercana a San Antonio era mucho menor que la del proyecto Navidad, que se sitúa en uno de los yacimientos más grandes del mundo. El comunicado cierra con un contundente: ‘No podemos ni queremos arriesgar la salud de nuestros niños’.

Los médicos reclaman que se priorice el principio precautorio, ya que de producirse la patología es difícil, y en ocasiones imposible, devolver el estado de salud a la persona afectada. Asumir el riesgo es especular con la vida de los niños de Chubut, y la población en general.

Por sobre todas las cosas, ¡Chubut aún resiste! A pesar de las objeciones del pueblo y las instituciones de la comunidad médica y científica, el proyecto de Ley avanza. Es necesario involucrar la ciencia en la toma de decisiones, exigir la transparencia de nuestros gobernantes y el respeto de las promesas que se hicieron durante la campaña electoral. Chubut encabeza un movimiento histórico, un ejemplo de lucha por la soberanía ambiental para toda Latinoamérica. El esfuerzo de los chubutenses ha logrado frenar el avance del proyecto hasta el momento. La gente ha hablado otra vez, la megaminería no tiene licencia social, y Chubut resiste de pie.