Volver a empezar. Crisis bonaerense

Proyectado al primer plano de la escena nacional después de las PASO, Hernán Lacunza fue hasta el 20 de agosto el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, cargo que ejerció desde la asunción de María Eugenia Vidal como gobernadora, el 10 de diciembre de 2015. Uno y otra son directos responsables de la crisis de todo orden, particularmente social, que se vive en la actualidad en territorio bonaerense.

Cierto es que la debacle, similar a la que castiga a un conjunto de actividades y jurisdicciones de todo el país, refleja el impacto de las políticas neoliberales y aperturistas impuestas por el Gobierno nacional. Los resultados provinciales, sin embargo, son peores en materia de desempleo, pobreza e indigencia. Al extremo de registrarse situaciones de hambre, solo paliadas mediante la proliferación de comedores comunitarios y municipales. Debido a esta situación, los intendentes de numerosos partidos del Gran Buenos Aires reclamaron la declaración de la emergencia alimentaria.

Tales efectos no podían ser otros, según los analistas, a medida que el ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) inducía a la economía a una profunda recesión. Cerraron así, según la UIA, unas 4.000 fábricas en el último cuatrienio (casi la mitad en Buenos Aires); además, bajaron las persianas miles de comercios pequeños y medianos. A esto se agregaron los recortes de partidas presupuestarias, en especial para Vivienda (pese a la expansión de villas y asentamientos); Educación (hay en la actualidad menos escuelas que en 2015); y Salud (no se inauguró ningún hospital de media y alta complejidad).

Recortes

Las restricciones alcanzaron incluso a las obras públicas, por más que la propaganda oficial pretendió mostrar avances en infraestructura, cuando lo invertido no logró siquiera equiparar lo destinado por la anterior administración. Con todo, la provincia no se privó de mostrar sucesivos «éxitos», resaltados por la prensa hegemónica. Días atrás el matutino La Nación publicó que, bajo la administración de Lacunza, Buenos Aires tuvo «tres años consecutivos de superávit primario» (diferencia entre ingresos y gastos corrientes) y se esperaba un nuevo resultado positivo este año. «Gran parte se logró tras reducir la cantidad de empleados públicos, luego de no renovar contratos y ofrecer retiros voluntarios», destacaba la nota.

Lo cierto es que el saldo social de pauperización y parálisis productiva es contabilizado a diario por el INDEC y estudios privados, como los de la Universidad Católica. Según esta fuente, más de 2 millones de niños y niñas bonaerenses (sobre 5 millones en todo el país) pasan hambre o no acceden a los nutrientes necesarios para desarrollarse. Cifras que están desactualizadas tras la devaluación y la nueva escalada inflacionaria desde mediados de agosto. Cabe recordar que en la segunda mitad de 2018 se registró como «pobre» al 28% de los hogares del Conurbano y al 32% de los habitantes del área, mientras se encuadraron como «indigentes» al 6,4% y al 8,5%, respectivamente.

Igualmente graves, aunque seguramente no tanto como las actuales, eran en el segundo semestre del año pasado las cifras de pobreza: en el Gran La Plata (21,5% de los hogares y 30,9% de las personas); en Mar del Plata (18,6% y 24,8%, respectivamente); y en Bahía Blanca-Cerri (17,5% y 25%).Emergencias

Las colas en los comedores solo son superadas por las de interesados en cubrir vacantes laborales, cuando alguna empresa busca completar su plantilla laboral. Lo cual refleja el creciente desempleo en la provincia, cuyas cifras del segundo trimestre de 2019 difundidas por el INDEC arrojaron porcentajes alarmantes: en los partidos del Gran Buenos Aires se registró una desocupación plena de 12,7% de la población activa, mientras la subocupación sumaba otro 14,2%. En el Gran La Plata, los niveles eran de 10,5% y 13,2%; en Bahía Blanca-Cerri, de 9,5% y 10,8%; y en Mar del Plata, de 13,4% y 15,4%, respectivamente.

Debido a ese cuadro, intendentes y organizaciones sociales se vieron obligados a ejecutar distintas acciones, como, por ejemplo, entrega de mayor cantidad de mercaderías a comedores públicos y operativos nocturnos para atender a personas sin hogar, doblemente afectadas durante el invierno. En La Matanza, que conduce la candidata a vicegobernadora Verónica Magario, la cantidad de comedores pasó de 84 en 2015 a 160 en la actualidad; en San Martín esos centros de atención atienden ahora a un 60% más de personas que cuatro años atrás; y en Hurlingham se contabilizan entre los beneficiarios a 4.000 niños y niñas más que en marzo pasado. Para atenderlos, la intendencia realizó convenios con empresas de la zona para que las tasas de Seguridad e Higiene sean abonadas con mercadería que se distribuye en los barrios más pobres. En Merlo, en tanto, aumentó en un 30% la entrega de bolsones de comida. Y en casi todos los casos están en marcha planes de contingencia con aportes de comestibles de distintos supermercados, con el objetivo de atender los requerimientos previstos para fin de año. Otra emergencia de amplios sectores se vincula con la fuerte suba en las tarifas de servicios públicos. En San Fernando, los medios zonales reflejaron el aumento de usuarios que se bañan en los polideportivos municipales para limitar el consumo eléctrico y de gas en sus viviendas. 

Foto: La Plata. Cientos de jóvenes –los más afectados por la desocupación– respondieron a la convocatoria para trabajar en el penal de Olmos. (Eva Cabrera/TélProyectado al primer plano de la escena nacional después de las PASO, Hernán Lacunza fue hasta el 20 de agosto el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, cargo que ejerció desde la asunción de María Eugenia Vidal como gobernadora, el 10 de diciembre de 2015. Uno y otra son directos responsables de la crisis de todo orden, particularmente social, que se vive en la actualidad en territorio bonaerense.

Proyectado al primer plano de la escena nacional después de las PASO, Hernán Lacunza fue hasta el 20 de agosto el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, cargo que ejerció desde la asunción de María Eugenia Vidal como gobernadora, el 10 de diciembre de 2015. Uno y otra son directos responsables de la crisis de todo orden, particularmente social, que se vive en la actualidad en territorio bonaerense.

Cierto es que la debacle, similar a la que castiga a un conjunto de actividades y jurisdicciones de todo el país, refleja el impacto de las políticas neoliberales y aperturistas impuestas por el Gobierno nacional. Los resultados provinciales, sin embargo, son peores en materia de desempleo, pobreza e indigencia. Al extremo de registrarse situaciones de hambre, solo paliadas mediante la proliferación de comedores comunitarios y municipales. Debido a esta situación, los intendentes de numerosos partidos del Gran Buenos Aires reclamaron la declaración de la emergencia alimentaria.

Tales efectos no podían ser otros, según los analistas, a medida que el ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) inducía a la economía a una profunda recesión. Cerraron así, según la UIA, unas 4.000 fábricas en el último cuatrienio (casi la mitad en Buenos Aires); además, bajaron las persianas miles de comercios pequeños y medianos. A esto se agregaron los recortes de partidas presupuestarias, en especial para Vivienda (pese a la expansión de villas y asentamientos); Educación (hay en la actualidad menos escuelas que en 2015); y Salud (no se inauguró ningún hospital de media y alta complejidad).

Recortes

Las restricciones alcanzaron incluso a las obras públicas, por más que la propaganda oficial pretendió mostrar avances en infraestructura, cuando lo invertido no logró siquiera equiparar lo destinado por la anterior administración. Con todo, la provincia no se privó de mostrar sucesivos «éxitos», resaltados por la prensa hegemónica. Días atrás el matutino La Nación publicó que, bajo la administración de Lacunza, Buenos Aires tuvo «tres años consecutivos de superávit primario» (diferencia entre ingresos y gastos corrientes) y se esperaba un nuevo resultado positivo este año. «Gran parte se logró tras reducir la cantidad de empleados públicos, luego de no renovar contratos y ofrecer retiros voluntarios», destacaba la nota.

Lo cierto es que el saldo social de pauperización y parálisis productiva es contabilizado a diario por el INDEC y estudios privados, como los de la Universidad Católica. Según esta fuente, más de 2 millones de niños y niñas bonaerenses (sobre 5 millones en todo el país) pasan hambre o no acceden a los nutrientes necesarios para desarrollarse. Cifras que están desactualizadas tras la devaluación y la nueva escalada inflacionaria desde mediados de agosto. Cabe recordar que en la segunda mitad de 2018 se registró como «pobre» al 28% de los hogares del Conurbano y al 32% de los habitantes del área, mientras se encuadraron como «indigentes» al 6,4% y al 8,5%, respectivamente.

Igualmente graves, aunque seguramente no tanto como las actuales, eran en el segundo semestre del año pasado las cifras de pobreza: en el Gran La Plata (21,5% de los hogares y 30,9% de las personas); en Mar del Plata (18,6% y 24,8%, respectivamente); y en Bahía Blanca-Cerri (17,5% y 25%).Emergencias

Las colas en los comedores solo son superadas por las de interesados en cubrir vacantes laborales, cuando alguna empresa busca completar su plantilla laboral. Lo cual refleja el creciente desempleo en la provincia, cuyas cifras del segundo trimestre de 2019 difundidas por el INDEC arrojaron porcentajes alarmantes: en los partidos del Gran Buenos Aires se registró una desocupación plena de 12,7% de la población activa, mientras la subocupación sumaba otro 14,2%. En el Gran La Plata, los niveles eran de 10,5% y 13,2%; en Bahía Blanca-Cerri, de 9,5% y 10,8%; y en Mar del Plata, de 13,4% y 15,4%, respectivamente.

Debido a ese cuadro, intendentes y organizaciones sociales se vieron obligados a ejecutar distintas acciones, como, por ejemplo, entrega de mayor cantidad de mercaderías a comedores públicos y operativos nocturnos para atender a personas sin hogar, doblemente afectadas durante el invierno. En La Matanza, que conduce la candidata a vicegobernadora Verónica Magario, la cantidad de comedores pasó de 84 en 2015 a 160 en la actualidad; en San Martín esos centros de atención atienden ahora a un 60% más de personas que cuatro años atrás; y en Hurlingham se contabilizan entre los beneficiarios a 4.000 niños y niñas más que en marzo pasado. Para atenderlos, la intendencia realizó convenios con empresas de la zona para que las tasas de Seguridad e Higiene sean abonadas con mercadería que se distribuye en los barrios más pobres. En Merlo, en tanto, aumentó en un 30% la entrega de bolsones de comida. Y en casi todos los casos están en marcha planes de contingencia con aportes de comestibles de distintos supermercados, con el objetivo de atender los requerimientos previstos para fin de año. Otra emergencia de amplios sectores se vincula con la fuerte suba en las tarifas de servicios públicos. En San Fernando, los medios zonales reflejaron el aumento de usuarios que se bañan en los polideportivos municipales para limitar el consumo eléctrico y de gas en sus viviendas. 

Foto: La Plata. Cientos de jóvenes –los más afectados por la desocupación– respondieron a la convocatoria para trabajar en el penal de Olmos. (Eva Cabrera/Télam)