El explorador estadounidense Victor Vescovo no podía sospechar lo que acabaría descubriendo en las fosas de las Marianas del Pacífico. No halló vestigios milenarios ni indicios de vida alienígena...
En lugar de ello se topó con una bolsa de plástico y envoltorios de caramelos. Estaba a 10.927 metros de profundidad, en el punto explorado más profundo y recóndito del planeta.
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Hallazgos como el de Vescovo, gigantescos vertederos cercando nuestras ciudades, las islas de plástico o la presencia de microplásticos en nuestra cadena alimenticia revelan que estamos ante un reto que demanda una respuesta inmediata.
En el mundo se generan cada año más de 2.000 millones de toneladas de desperdicios sólidos urbanos y se prevé un crecimiento del 70% para 2050, según el Banco Mundial. Estamos ante una realidad global que, sin embargo, se gestiona —o no— desde una perspectiva local.
La legislación europea debe ser la solución, pero...
Cada país afronta la gestión de residuos y plásticos a su manera y Europa es el lugar al que todos miran. La Comisión Europea ha protagonizado hasta el momento el paso más decidido y ejemplarizante. Bruselas pretende terminar con el usar y tirar en el viejo continente. La nueva ley prevé que se recogerá y gestionará selectivamente el 90% de las botellas de plástico para 2030, entre otras muchas medidas progresivas.
Pero casos como el de España ofrecen serias dudas de que un cambio tan drástico sea realizable. El sistema de gestión de residuos está en entredicho por activistas medioambientales, por empresas y por la propia Administración. En España, prácticamente la totalidad de los residuos urbanos los gestiona una entidad sin ánimo de lucro llamada Ecoembes. Desde el siglo pasado, se asienta así un monopolio que, para amplios sectores de la sociedad, tiene secuestrada en España la sostenibilidad.
Ecoembes: juez y parte al mismo tiempo
A primera vista, esta entidad sin ánimo de lucro se nos presenta como garante de la sostenibilidad y del reciclaje.
"Ecoembes conecta a ciudadanos, ayuntamientos y empresas para, entre todos y desde la corresponsabilidad, avanzar en el objetivo común de cuidar del medio ambiente minimizando el impacto ambiental de los residuos de envases", reza su memoria ejecutiva más reciente, a la que acudimos tras no haber sido atendidos para una entrevista en varias semanas.
De su actividad corporativa destaca sobre todo una intensa agenda de concienciación y difusión de su actividad. Según Ecoembes, en 2018 los ciudadanos incrementaron en un 12,3% los residuos clasificados en el contenedor amarillo, lo que posiciona a España como el sexto país europeo donde más envases se reciclan. Ecoembes asegura que la tasa de reciclaje nacional, atendiendo al compendio de materiales, llega al 78,8%, lo que implica que la sociedad española ya habría cumplido con creces con la ambiciosa legislación que la Unión Europea plantea para 2025, ¡un gran logro sin duda! Pero lo cierto es que esta interpretación de los datos solo la avala la propia Ecoembes.
Guerra de cifras
Los datos de reciclaje que encontramos son un sinsentido, dado que encontramos oscilaciones entre los casi 80% de Ecoembes por los poco más de 20% que dan otras instituciones. ¿Cálculos interesados o simples mentiras? Hay que tener en cuenta que hay varias cifras con las que se mide el reciclaje, diferencias entre el residuo recogido y posteriormente reusado o reciclado, y jugando con estos rangos, podemos retorcer las cuentas y la realidad.
En este juego de cifras, Ecoembes solo computa las toneladas recogidas en la red de 383.974 contenedores amarillos, que son la base del Sistema de Gestión Integral de residuos que a partir de ahora llamaremos SIG. Pero ¿qué pasa en las zonas del país donde no hay contenedores amarillos, con las botellas que nuestra vecina despistada tira al contenedor normal, o qué pasa con las latas de cerveza que acaban simplemente en el suelo y no en el contenedor amarillo?
Todos esos envases están fuera de sus cuentas y no es una cantidad menor, ya que, según diversos cálculos municipales, solo uno de cada tres envases acaba en el contenedor amarillo, mientras que Ecoembes analiza solo ese tercio de residuos que sí son depositados en su contenedor amarillo, no la totalidad.
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Así que, si rebuscamos un poco, encontramos datos más allá de los que provee Ecoembes que revelan que en España se recicla poco y mal. Asociaciones como Ecologistas en Acción o Greenpeace rebajan sustancialmente la cuota de reciclaje. Para 2017 por ejemplo, Ecoembes presumía de una cuota del 77,1%, mientras que Greenpeace proporcionó otra cifra: el 25,4%. También, saliendo de las reivindicaciones ambientalistas, la industria europea del plástico representada en España por Ciclopast, sostiene que del plástico recogido en el contenedor amarillo en 2017 —no del total producido—, se recicló tan solo un 37%. De nuevo, casi la mitad de lo que pregona Ecoembes. El hecho es que las cifras de Ecoembes son asumidas sin mayor auditoría por las Administraciones de España:
"La idea del modelo de Ecoembes puede ser buena, pero tiene un defecto: no tiene una supervisión y fiscalización seria, solvente e independiente de su eficacia en reciclaje y de cómo y en qué aplica los cuantiosos fondos que recibe anualmente", profundiza José Luis Canga, del Instituto Superior del Medio Ambiente.
Un sistema lucrativo con los pesos pesados de la industria
Estamos ante una gestión de residuos basada en el SIG, un sistema que, bajo el paraguas de Ecoembes y con el beneplácito de las Administraciones, externaliza la gestión de los plásticos: de las empresas productoras la responsabilidad deriva al ciudadano, que compra el producto y debe reciclarlo en el contenedor amarillo. Del ciudadano al Ayuntamiento, que debe recoger los contenedores amarillos, y de ahí a las plantas que confeccionan los lotes de materiales, que Ecoembes vende a plantas privadas recicladoras.
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Tras este sistema, adivínenlo, hay un gigantesco entramado empresarial: la corporación tiene adheridas a su sistema de reciclaje a más de 12.000 empresas, de ellas unas 60 conforman su accionariado. La mayor parte de estas son parte del grupo de envasadores, con Danone, Nestlé, L'Oréal, Procter & Gamble o Henkel… junto a estos gigantes están también PepsiCo y Coca-Cola, por supuesto están integradas también las grandes superficies comerciales (Carrefour, Alcampo, Mercadona o El Corte Inglés) y, por último, el grupo de materias primas, con las asociaciones de reciclaje de materias primas.
La presencia de estas corporaciones tras el monopolio de los residuos es polémica, ya que los propios productores y distribuidores son los encargados del reciclaje de sus residuos. La expresión que este periodista ha oído más veces a lo largo de la realización de este reportaje es que en España tenemos al lobo cuidando el gallinero.
Responsabilidad ampliada y sobrecoste para el ciudadano
La pregunta que debe hacerse el lector es ¿cómo es posible que una entidad como Ecoembes haya copado tanto dominio para una cuestión tan trascendental a nivel social, económico y ambiental? La respuesta está en el principio de "responsabilidad ampliada del productor" que impregna la legislación española desde 1996: básicamente promulga que quienes ponen envases en el mercado, productores o distribuidores, deben pagar los costes de este futuro residuo.
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A raíz de esa premisa nació en España Ecoembes en 1997. Un buen puñado de empresas y corporaciones se unieron para crear una respuesta a la Ley de envases. El SIG es un sistema de respuesta empresarial pero no ciudadana: por un lado, el consumidor paga en cada producto el porcentaje de punto verde, dinero destinado a la gestión de ese producto como residuo. Pero además, el coste es doble para el ciudadano, que paga por otro lado impuestos a su Ayuntamiento para que la basura del contenedor amarillo desaparezca de sus calles y entre en el SIG —por el que ya pagó al comprar su envase— y finalmente, Ecoembes también cobra a las empresas recicladoras por venderles los materiales ya filtrados y separados, una actividad redonda para las empresas y no tanto para la ciudadanía, y como ya hemos dicho, este flujo económico solo está destinado a los envases del contenedor amarillo.
"Estamos ante una empresa que, por mucho que se pinte de verde y de organización medioambiental sin ánimo de lucro, no es más que un artificio legal", declara Julio Barea, responsable de Greenpeace en la materia.
"Estas empresas hicieron cálculos y escogieron el sistema menos transparente: el SIG. Con el sistema de punto verde, Ecoembes recupera ya alrededor de 1.200 millones de euros cada año", explica.
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Otro de los síntomas de que el sistema SIG tiene puntos débiles son los materiales no rentables. Con este sistema de mercadeo de residuos encontramos que "hay materiales cuyo reciclaje es rentable y otros deficitarios. La gente tiene que entender que el reciclaje cuesta dinero y tiene por ello que ser rentable", explica Agustín Martínez, gerente de Aborgase, una de los mayores Centros de Gestión de Residuos del sur de España. Hasta la planta de Agustín Martínez llegan cada día los residuos de 1,3 millones de andaluces. Entre ellos hay materiales caros, como las latas de cerveza compactadas o las botellas de detergentes, por ejemplo. Pero otros sin embargo no ofrecen ganancias al reciclador, como el plástico film o mezcla.
La pregunta que nos hacemos si estamos en un mercado de materias es ¿quién se encarga de que estos materiales que no dan dinero sean verdaderamente reciclados?, ¿cómo aseguramos que la basura no rentable no es incinerada, enterrada o exportada en barcos como ha sucedido en los últimos años hasta que los países asiáticos dijeron basta?
La respuesta es siempre la misma: Ecoembes se encarga.
"Lamentablemente, muchos materiales acaban fuera del círculo del reciclaje, este sistema es un despropósito. Buena parte de los envases y contenedores que nos devuelven de Malasia están llenos de estos envases que no son rentables y nadie recicla… esto es un negocio en el que sí piensas mal acertarás: siempre tiene que haber beneficio", nos dice Barea.
El contenedor amarillo donde los españoles depositan todo tipo de envases es, por tanto, algo así como una caja negra. Una vez que el material entra, va derivando la responsabilidad de su gestión en sucesivos actores sin que haya una entidad supervisora sobre este mercado de residuos que asegure que lo que entra es reciclado.
Perversión del RRR (Reduce-Reúsa-Recicla)
Estamos ante el timo del reciclaje para gran parte de analistas y expertos en el tema. Ambientólogos como Alberto Vizcaíno tienen un rol especial en la crisis del plástico que protagoniza España. Desde su blog personal, protagoniza una cruzada contra Ecoembes. Su caso es el de un David contra Goliat.
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Desde hace años viene ofreciendo argumentos contrastados y documentados para concluir que a estas grandes empresas no les interesa una gestión sostenible donde reducir o reutilizar: "Ecoembes ha creado un sistema que evita a las grandes compañías preocuparse de reducir o reutilizar. Eso no tiene cabida en su sistema, que es un sistema lineal de usar-consumir-tirar y, en última instancia, reciclar. A ellos les sigue interesando un sistema con mucha producción y por lo tanto muchos residuos. Estamos ante un sistema insostenible en el que cada vez se demanda más materia prima con un sistema de recogida ineficiente".
Sostenibilidad secuestrada
La cuestión es por qué en plena oleada de conciencia global sostenible como estamos no hay otro sistema de reciclaje alternativo en España. Para Greenpeace, la razón está en el poder del lobby de presión que ejerce Ecoembes. "Están invirtiendo en publicidad, sponsor, patrocinios, jornadas, cátedras de estudio, etc… es una manera de hacer presión. Gastan 2,5 millones al mes, cifra auditada, en todo este 'greenwashing'. De esta manera engañan a las empresas y a la ciudadanía. Se trata de un monopolio brutal que se lucra desde hace años y que ni siquiera cumple con su función esencial de reciclar, mientras gasta dinero en aparentar y generar una imagen sostenible".
¿Y qué dicen las Administraciones ante esto? El Gobierno de España tradicionalmente ha dado por buenas las estadísticas de reciclaje, pero ahora el Ministerio para la Transición Ecológica ofrece una postura bastante revisionista del actual sistema para alivio de los ambientalistas. No obstante, todo el Gobierno español es un Ministerio en funciones, pero nos aclaran que si la coyuntura política se lo permite, la nueva política de residuos avanzará en línea con la estrategia de la UE, es decir, más economía circular y una hoja de ruta específica para los plásticos que contempla el modelo de Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno, el SDDR, un sistema alternativo al de Ecoembes.
Nueva contienda política: SIG vs SDDR
El SDDR es un sistema de reciclaje que implica la devolución por el propio ciudadano o consumidor del residuo a una máquina con algún tipo de compensación económica. Se trata de un sistema alternativo que implicaría una enorme inversión para adquirir la nueva maquinaria. Es un sistema defendido por los movimientos ambientalistas, que destacan sobre todo su gestión del residuo en proximidad y la facilidad de dar más transparencia al reciclaje.
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La elección del SIG o del alternativo SDDR (que tiene mucho éxito en países escandinavos o en Alemania) es una cuestión que —como tantas otras en España— se ha politizado. Los liberales apuestan por el actual sistema de Ecoembes y la izquierda por la implementación del SDDR. La guerra abierta entre los lobbies defensores de cada sistema de reciclaje es intensa en un debate en el que se juegan millones de euros: síntomas como destituciones de responsables políticos que han pretendido instaurar el SDDR. Buscando un análisis menos interesado en este debate encontramos a Laboratorio de Ideas sobre Residuos (LIR), que destaca el ejemplo de Portugal, "Allí conviven ambos sistemas, algo que sería lícito y muy interesante para fomentar la competitividad...", pero la entrada de un sistema de reciclaje alternativo sacaría un enorme volumen de material de reciclaje rentable del actual SIG de Ecoembes, sobras en un negocio que se ha mantenido estable durante años.
Cambio de paradigma que afecta a todos
Más allá de las derivas de un negocio que mueve millones y que define nuestra respuesta a los retos ambientales más inmediatos, se impone una reflexión que apunta a nuestra modelo de producción y consumo.
Para el LIR, "una mejora global del sistema debe partir de que la industria de cabecera asuma su responsabilidad y los costes reales que supone la conversión a residuo de sus productos y toda la cadena de gestión necesaria para gestionarlo adecuadamente, sea esta la que sea".
Será difícil que España cumpla con las exigencias ambientales de la Comisión Europea sin ni siquiera comenzar a trabajar con estadísticas apropiadas y auditadas que confronten los datos del actual dueño y señor del reciclaje, Ecoembes. Y será imposible avanzar en sostenibilidad sin implicar a las Administraciones y al sector privado. Por ahora, la mayor presión recae en un ciudadano que consume con pocas alternativas sostenibles y cree reciclar para así, seguir simplemente consumiendo sin prejuicios.
Foto de un vertedero: Aborgase/ Andalucía
