La naturalidad con que la derecha
argentina destripa las instituciones de la república y la condescendencia con
que los medios hegemónicos y los republicanos de la medianía social argentina
observan el fenómeno, exige replantearse los horizontes de un derecho que sólo
es utilizado para garantizar la continuidad de los privilegios de las minorías
concentradas.
El creciente deterioro de la justicia
argentina demanda profundas reformas venideras. El desquicio generado por el
actual gobierno, junto a la íntima complicidad de una magistratura de
pretendida nobleza, se han desgajado del sistema democrático para terminar
conformando en la actualidad una asociación ilícita de persecución a opositores
políticos y de beneficios jurisdiccionales para los sectores más privilegiados
de la sociedad. Desde 2016 el buscado esquema de alineamiento estructural de la
justicia fue operativizado por esquema de pinzas endógeno y exógeno. Por fuera
del ámbito específico actuaron prioritariamente Daniel Angelici, Fabián “Pepín”
Rodríguez Simón y Lilita Carrió. Desde el interior, específicamente en los
tribunales de Comodoro Py, Claudio Bonadío e Martín Irurzun fueron sus máximos
alfiles responsables. Ambos grupos de tareas se repartieron, durante los últimos
tres años, las ofensivas orientadas a promover, idear y sostener las causas
contra los referentes políticos del gobierno popular que concluyeron su mandato
en diciembre de 2015
Estos asaltos al estado de derecho
mostraron, en los últimos días, nuevas evidencias de su intento de cristalización.
Ricardo Lorenzetti, quien pretendía resguardar algo de juego propio en el
esquema empresarial-corporativo dispuesto por el macrismo, fue subsumido por
Carlos Rosenkrantz para imponer las reglas de quién fue su sostenedor durante
décadas y su impulsor al sitial de supremo juez: Héctor Magneto. El modus
operandi corporativo carece de capacidad de negociación: cuando asume como
propietario, como dueño, impone sus condiciones al creerse sostenedor de las
acciones mayoritarias de la empresa, incluso aunque se trate –como en este
caso—de una institución de a república.
Este es el clima en el cual la sala
III de la Cámara de Casación Penal compuesta por Eduardo Riggi, Liliana Catucci
y Juan Carlos Mahiques decidieron anular la causa de las escuchas telefónicas
en la que estaba acusado Jorge “Fino” Palacios y Ciro James, proveedores de
información privilegiada destinada a la famiglia Macri. Con ese intento de
absolución, sustentado en el desprestigio del juez que instruyó originalmente
la causa, Norberto Oyarbide, se motorizó una cobertura dispuesta a evitar que
el nombre de Mauricio Macri estuviese en boca de un Tribunal Oral Federal. El
caso es que la familia del actual presidente contrató a Palacios para espiar al
esposo de la hermana de Macri y al familiar de una víctima del atentado a al
AMIA, Sergio Burstein.
La ofensiva judicial de salvataje
incluyó también a quien de alguna manera fue el introductor de Macri al sistema
político, Carlos Menem, en el marco de un proyecto destinado a desideologizar a
la sociedad: el empresariado y los integrantes del show televisivo se
constituyeron en la máscara del pretendo fin de la ideología, funciona a los
intereses del neoliberalismo depredador. El mismo que mantiene a casi 40
presos, en el marco de decenas de causas instruidas bajo el mandato obligado de
encarcelar preventivamente y/o condenar con juicios exprés. Una de las presas
políticas, Milagro Sala acaba de cumplir 1000 días de encierro, acusada de
promover políticas de inclusión a ciudadanos vulnerables en el noreste
argentino.
La colonización judicial muestra, sin
embargo, uno de sus pasos más brutales con la asunción del nuevo presidente de
la corte, Carlos Rosenkrantz, quien intentó en la última semana destruir todas
las áreas institucionales donde sobrevivían los espacios de poder del ex
titular supremo, Ricardo Lorenzetti. Rosenkrantz, ex abogado del multimedio
Clarín, ha decidido hacer tabla rasa y quitarle el maquillaje a un estamento
que en los últimos años intentaba dar algunas señales de autonomía pese a no
poseerlas.
Este reacomodamiento permitió que la
animadversión de Carrió hacia Lorenzetti se desplace ahora hacia Germán
Garavano, quien ha buscado hacer equilibrio entre la protección a Calcaterra
(uno de los testaferros del presidente), el acuerdo con la DAIA para continuar
con el encubrimiento del atentado de 1994 y garantizar la permanente
intervención de Daniel Angelici, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en los
entuertos destinados a garantizar la continuidad de la persecución al kirchnerismo.
Garavano está ahí para proteger a Macri y viabilizar la inquisición: ninguna de
las dos tares puede solaparse. Carrió pretende que Calcaterra entre en el mismo
fárrago de la espuria cartelización de los proveedores del estado. Son rutas
incompatibles. O en su defecto, dado que el universo es curvo, chocarán incluso
aunque sean paralelas.
El Consejo de la Magistratura es otro
de los cotos de caza de la casta ceocrática. Con las últimas elecciones
corporativas han logrado una mayoría que permite aterrorizar a todos los jueces
del territorio nacional: cualquier dictamen contrario al esquema neoliberal
autoritario será catalogado como “símil Rafecas” en referencia al acoso sufrido
por el juez que desechó la inconsistente acusación de Natalio Nisman contra CFK.
La justicia teledirigida desde el
mundo empresarial continúa su derrotero de deslegitimación y ajenidad con
respecto a la sociedad civil. Una necesaria democratización de la misma
requerirá disponer a todos los jueces en comisión –tal como lo permite la
Constitución Nacional--, nombrar 20 supremos (asignados a varias Cámaras dentro
de la Corte) y disponer la elección de los integrantes del Consejo de la
Magistratura mediante el voto popular. Sólo de esa manera, una institución
republicana que hoy está manchada por su perversa utilización al servicio de
las minorías privilegiadas, se podrá reconstruir como un poder legitimado de la
Patria.
