El gigantesco endeudamiento generado por el macrismo se convirtió en una Espada de Damocles sobre el futuro del Frente de Todos. Fue otorgado por el FMI para que Mauricio Macri fuera reelecto y afianzara el Grupo de Lima, la asociación fue coordinada por los Estados Unidos para hostigar a la Venezuela chavista.
Cuando fracasaron en el intento, reorientaron el objetivo: al no poder darle continuidad al proyecto cambiemita decidieron convertir el préstamo de 44 mil millones en un mecanismo de ahogo para impedir el despegue productivo y –sobre todo– las posibilidades de integración regional latinoamericana que históricamente busca desarrollar el modelo nacional y popular.
La historia del vínculo entre el FMI y la Argentina pone en evidencia que todos los acuerdos fueron incumplidos. Ninguno de los créditos pudo ser devuelto en los términos que el organismo multilateral exigía. Aunque no consiguieron su devolución en tiempo y forma, lograron otro cometido más estratégico: cercenar por décadas la autonomía económica y financiera del país.
Las demandas del Fondo tienen, desde su conformación, las mismas demandas: destrucción del mercado interno, reducción de salarios y jubilaciones y privatización de los servicios públicos.
Las pretensiones de sus funcionarios, en las negociaciones actuales, pretenden que nuestro país reduzca la inversión y que limite el déficit, pero en la actual situación económica, luego de la crisis generada por la pandemia, eso supone un indudable estancamiento de la producción y el consumo.
Ese es el marco en el que se van a dar los debates en ambas Cámaras.
En el horizonte de esas deliberaciones se divisan tres escenarios:
1. Aprobación del acuerdo, sin cumplimiento posterior con las exigencias del FMI
2. Aprobación con cumplimiento ulterior.
3. Desaprobación.
El primero de los escenarios, que parece el más probable, supone un costo político para Juntos por el Cambio y para la fracción del Frene de Todos encargada de justificar su aval. El posicionamiento de quienes rechacen el acuerdo –en el caso de que no se logre cumplimentar la reducción fiscal estipulada– los convertirá en potenciales referentes de la crisis que inexorablemente se producirá. Esta situación generará el debilitamiento de dos actores políticos: los cambiemitas (que tendrán que hacer malabares para justificar el crédito solicitado) y la fracción del FdT, embanderada en su aprobación en el Congreso. Y ante los burócratas del FMI eso supondrá una renegociación cíclica y una concomitante pérdida sistémica de la soberanía.
El segundo escenario, menos probable que el anterior, garantiza un estallido social en los próximos años. El deterioro de las variables económicas y la limitación de la inversión social, sobre todo la orientada a los sectores más vulnerables, implicará una espiral de conflictos cuya orientación estará dada por quiénes se hayan opuesto al acuerdo y sean capaces –al mismo tiempo– de liderar las movilizaciones y las protestas sociales.
El tercer escenario es el que aparece hoy como el menos probable. Sin embargo, no puede descartarse. Implicaría, sin dudas, la apertura de un debate orientado a plantear un proyecto menos contaminado por los intereses del poder financiero, de los agroexportadores y, sobre todo, de sus referentes en Washington. En este caso, también, se abrirían las puertas para un mayor protagonismo popular.
Durante las próximas semanas las piezas se empezarán a ordenar de acuerdo con cada uno de los escenarios. Pero su resolución podrá exhibir ganadores tácticos que podrán ser perdedores estratégicos. Su contracara también quedará en evidencia: quienes hoy se mantengan firmes y con convicciones soberanas, mañana podrán partir con ventajas en relación a las luchas que se avecinan.
