Mientras el gobierno nacional hace malabares para explicar los malos números de la inflación, los perjuicios se siguen acumulando. La única estrategia que tiene en mente el Ejecutivo es la del ajuste del gasto público y la reducción de los salarios, una perspectiva preocupante para los sectores de ingresos fijos y para las pymes que viven del mercado interno.
En una exposición reciente, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, señaló que los registros de inflación del primer trimestre fueron «poco alentadores», aunque consideró que el nivel de las tasas de interés «es el adecuado». Acto seguido, señaló que uno de los factores que llevarán a una baja de la inflación está en las negociaciones salariales, que «están pactándose en línea con la meta del 15%».
Pero la meta nada tiene que ver con lo que muestran las proyecciones del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) para 2018, que a principios de abril volvieron a subir y alcanzaron el 20,3%. Con este escenario, la caída del salario real durante este año rondaría al 5%, sumándose a la pérdida que se acumula desde que asumió Mauricio Macri.
En febrero, el índice general de precios fue de 2,4%, lo que muestra una variación anualizada (proyectando el dato a doce meses vista) del 33%. Son datos que indican un valor de inflación muy por encima de la meta del 15%. Si se repiten los guarismos de febrero, el salario real caería aún más, lo cual no sorprende, teniendo en cuenta que el gobierno se metió de lleno en los aspectos centrales de la puja distributiva, interfiriendo directamente en las paritarias libres, promoviendo aumentos en línea con la meta, en cuotas y sin cláusula gatillo.
El impacto de la quita de subsidios a los servicios públicos y la consiguiente suba tarifaria es imposible de disimular. Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, tuvo que reconocer que «buena parte de la inflación la generamos nosotros, con los ajustes tarifarios». Luego trató de dar una buena noticia: «La inflación será mucho menor para adelante porque esos aumentos tan significativos están llegando a su fin». Una muestra del inexistente gradualismo, mezclada con una buena dosis de posverdad. Este año tendremos servicios públicos que aumentarán en el acumulado más del 65%, como es el caso de los colectivos y los trenes, muy lejos del 15%.
Pero incluso si la inflación estuviera cediendo, no estaría repercutiendo en todos los sectores por igual. Para ver esto hay que salirse de los promedios y ver qué bienes y servicios consume cada sector de la sociedad. Analizando la Canasta de Pobreza, en julio de 2017 presentaba un aumento interanual (calculado con igual mes del año anterior) del 20,5%. En tanto, la recientemente conocida canasta de febrero de 2018 mostró una variación del 28,3%, es decir, los pobres se enfrentan con una inflación en aumento, que se disparó en diciembre de 2017, poco tiempo después de que se llevaran a cabo las elecciones de medio término.
Esta evolución de la inflación de los que menos tienen desdibuja –y hasta hace dudar– de los datos de pobreza más actuales, que indican una caída de 4,6 puntos en 2017. Datos que fueron festejados por el gobierno como si fuesen ciertos.
La retracción del consumo no ayuda a las estadísticas oficiales. Según Kantar Worldpanel, el primer mes de este año «es el tercer enero con arranque negativo para el consumo masivo, de 2016 a 2018; cuando se compara este último enero con el mismo período de 2015, la canasta se contrajo un 10% en el volumen».
En resumidas cuentas, la realidad va por un camino completamente distinto del que trata de mostrar el gobierno. La inflación persiste, y no cesará con los incrementos tarifarios ya programados. El consumo cae, pero Cambiemos sigue con su política de reducir los salarios. Es parte del modelo de país al que apunta el establishment, y que solo puede ser revertido con la resistencia de los que hoy están siendo ajustados.
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Jorge Aloy
