La tensión cambiaria de mayo sirvió para que el gobierno acelerara la implementación del plan neoliberal, en el marco de cambios en el Gabinete, turbulencias en la alianza política y búsqueda de acuerdos con algunos sectores de la oposición a efectos de intentar mitigar los costos políticos que genera la nueva etapa de ajuste de la economía. Algunos definen como «un tembladeral» lo que ocurrió puertas adentro de la Casa Rosada. Una señal concreta del efecto interno de la corrida es que la mesa chica se agrandó de pronto, con el retorno del titular de la Cámara Baja, Emilio Monzó; del ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y del radical Ernesto Sanz. Uno, porque debe lidiar con los diputados, dijo que se quiere ir y lo tentaron del peronismo para que vuelva al redil. El otro, porque debe entenderse con los gobernadores, que marcan la cancha a sus diputados, pero sobre todo a los senadores. El tercero, porque fue gestor de la alianza que permitió el triunfo de Cambiemos en 2015.
Otra señal de la tormenta es que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció la intención de impulsar un Gran Acuerdo Nacional (GAN), en principio, para aprobar el Presupuesto de 2019. Es la prueba de fuego para el oficialismo, ya que en ese presupuesto se deberían plasmar los recortes que el nuevo hombre fuerte del Gabinete, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, está acordando con el FMI. Esta propuesta despertó desconfianzas dentro del PJ. La reminiscencia del GAN que en 1971 pretendía lograr el general Alejandro Agustín Lanusse es obvia y no casual. Lanusse buscaba sumar a todos los sectores políticos en una salida que le salvara los papeles a la dictadura iniciada con Juan Carlos Onganía, con los peronistas, pero sin Perón, exiliado entonces en Madrid.
Por su parte, el GAN de Macri pretende incluir a todos los sectores, menos al que lidera Cristina Fernández. La expresidenta mantuvo silencio público ante la profundización de un modelo diametralmente opuesto al de sus ocho años de gestión y los cuatro de su marido. Ese silencio cotiza dentro del PJ, porque hacia afuera mantiene la expectativa como la dirigente con más intención de voto.
Pero esta iniciativa también despertó recelos dentro de la propia tropa. Los radicales venían dando señales de descontento porque se sienten convidados de piedra a las decisiones gubernamentales. Lo venía advirtiendo Ricardo Alfonsín desde hace meses, pero la ola fue creciendo y el presidente del partido y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue uno de los primeros en protestar por el aumento desmedido de las tarifas. En tanto, el vicepresidente de la UCR, Federico Storani, fue más explícito: «El gobierno toma de manera muy centralizada las decisiones y muchas veces sin consultar», lo que genera «descontento, sobre todo en la militancia». Como si fuera un opositor, Storani dijo que el gobierno tiene el deber de escuchar y no encerrarse como hasta ahora. Otra aliada, algo más incómoda, Elisa Carrió, se quejó de que siempre tiene que ir a apagar incendios. Storani, Sanz y Carrió tienen en la mira a Peña, artífice de la estrategia de que el Pro se corte solo.
Diciembre como antecedente
El debate por la reforma previsional fue un primer toque de atención para el oficialismo. El voto de octubre había sido interpretado por sectores macristas erróneamente, a la luz de los hechos, como una suerte de cheque en blanco en favor de Mauricio Macri. En ese marco, los legisladores de Cambiemos impulsaron y lograron aprobar el cambio en la fórmula de cálculo de los haberes jubilatorios. El descontento se mostró en dos jornadas recordadas por la represión feroz. Hacia adentro de la alianza gubernamental no faltaron reproches. Los radicales rumiaban bronca por los rincones porque no habían sido consultados para la modificación previsional, pero tenían que aguantar el embate de una oposición que aprovechó la situación para disimular diferencias y plantar bandera con la defensa de los afectados por esa ley. Desde Balcarce 50 el discurso era que la reforma había sido consensuada con los gobernadores. Y eso era parcialmente cierto, pero no había sido consensuada en el Congreso, y mucho menos en la sociedad, que mostró su rechazo tanto en masivas manifestaciones como en sondeos de opinión.
Así, 2018 comenzó con una encerrona del macrismo puro: una mesa chica de la que formaban parte Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. El plan, luego del triunfo en la elección de medio término, era llegar a 2019 con un nivel aceptable de actividad económica, alimentado con deuda externa y entonces sí, avanzar hacia el objetivo de cristalizar un movimiento político que terminara con el peronismo. La alianza con los radicales, en este proyecto, era apenas un escalón hasta consolidar caudal propio.
Pasado el verano, comenzaron los problemas políticos para el macrismo.
Emilio Monzó, un hábil negociador y con mucha experiencia en los artilugios de la Cámara Baja, proveniente del peronismo, anunció que a fines de 2019 se iba a alejar de ese cargo. Lo habían maltratado demasiadas veces y venia avisando que al proyecto le faltaba política.
Los sucesivos aumentos dispuestos en las tarifas de los servicios públicos generaron reacción social y despertaron del letargo a la oposición. El gobierno comprendió, entonces, la necesidad de reformular ciertas estrategias para enfrentar con chances a la mayoría opositora en el Legislativo. Que los mandatarios provinciales del PJ iban a protestar por las tarifas era algo previsible, pero no que el propio gobernador mendocino Cornejo fuera uno de los primeros en poner el grito en el cielo. El rechazo al tarifazo creó las condiciones para que lo impensado, la unidad opositora, ocurriera, al menos para la votación del proyecto que modera los incrementos. Así ocurrió en Diputados y, en caso de concretarse lo mismo en Senadores, el Ejecutivo deberá recurrir a la amarga fórmula del veto presidencial.
El costo político de esa medida se sumaría al que ya carga el macrismo por la rápida corrida hacia los brazos del Fondo Monetario Internacional. El exministro Alfonso Prat Gay describió la situación con una metáfora familiar: «Pedirle al FMI es como pedirle a un suegro con el que nos llevamos mal», dijo.
Mientras funcionarios oficiales y comunicadores afines intentan imponer el relato de un «nuevo FMI», desde el organismo internacional ya plantean las condiciones que el país deberá cumplir para acceder al financiamiento solicitado. Por lo pronto, la designación de Nicolás Dujovne como coordinador de los ministerios del área significa un intento de fortalecer a quien debe negociar con el suegro mentado por su antecesor en la cartera de Hacienda
