El decreto 683/2018 fue anunciado por el presidente argentino en la sede del ex centro clandestino de detención de Campo de Mayo, y establece una serie de modificaciones que pretenden darle más poder al interior de las fronteras nacionales a las Fuerzas Armadas. En sus fundamentos, este decreto sostiene que “las agresiones de origen externo no son sólo de carácter militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él”. La definición es lo suficientemente amplia y ambigua como para ponerla en práctica en una gran diversidad de ocasiones. Implica una aceptación abierta de las llamadas “nuevas amenazas”, entre las que se incluye de manera genérica al “terrorismo” y el narcotráfico.
Con este criterio, en el que no es necesario que una agresión externa se origine en un Estado foráneo, se pueden incluir acciones variadas; entre ellas, la represión de la protesta social, algo que ya es práctica habitual de las fuerzas de seguridad desde la asunción de Mauricio Macri.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ya había advertido en mayo que el gobierno de Macri venía fabricando un enemigo interno para justificar el accionar represivo. “Es muy peligroso, quieren volver a la teoría del enemigo interno, van a perturbar la paz”, señaló.
Carlotto durante una entrevista. “Quieren un país sometido al miedo, porque eso paraliza, pero no lo han conseguido, estas marchas multitudinarias demuestran que es así”.
Lo cierto es que el fomento del “enemigo interno” se inició desde la asunción de Macri a la presidencia argentina. Primero fueron los pueblos originarios, luego los sindicatos, la oposición y hasta el mismísimo Papa Francisco. El enemigo interno es todo aquel que manifieste su desacuerdo con las medidas del gobierno, tal como sucedió durante la última dictadura militar, cuando quienes cuestionaban al poder eran tildados de “subversivos” o “terroristas”; motes que finalmente justificaban las torturas y desapariciones cometidas entre 1976 y 1983.
Derribar las fronteras entre Seguridad y Defensa es la idea a seguir del Gobierno de Cambiemos con objetivos de control y disciplinamiento social.
Para ello necesita justificativos y pareciera que los ha encontrado: el narcotráfico y el terrorismo. Varios pasos se han dado en este sentido en los dos años y medio transcurridos. Sin embargo, al calor del malestar social creciente -producto del brutal ajuste económico- el Gobierno ha decidido endurecer sus políticas y dar rienda a sus ansias de un Estado cada vez más represivo.
El rechazo a este decreto tuvo ayer su expresión en las calles de todo el país, con convocatorias de diferentes organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales. Al igual que el repudio generado por la intención del gobierno de Cambiemos, de beneficiar a los genocidas de la dictadura con el llamado “2×1”, ahora la movilización tuvo su eje en el rechazo a este nuevo decreto con el cual el gobierno de Macri pretende disciplinar.
Fuente: Pájaro Rojo
