• January 23, 2022 at 10:02 AM
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La costumbre de lucrar con los muertos

Por Jorge Elbaum*

La oposición cambiemita, la trifecta mediática y la DAIA insisten en utilizar el atentado a la AMIA para conseguir mezquinas ventajas político-partidarias.

El último martes, el vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán Mohsen Rezai participó de la asunción de Daniel Ortega, reelegido como presidente de Nicaragua. Mohsen Rezai es uno de los imputados por la Justicia argentina de ser partícipe del atentado sufrido en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, ubicada en Pasteur 633 de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre Rezai pende un pedido de captura internacional desde 2006, solicitada por el Juzgado Federal número 6 a cargo Rodolfo Canicoba Corral, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

La trifecta mediático-corporativa, conformada por los grupos editoriales que controlan el 70 por ciento de la recepción comunicacional (y alrededor del 50 por ciento de la pauta oficial), la oposición cambiemita y la DAIA manifestaron su indignación por la presencia del embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich, a quien responsabilizaron por ser parte de la asunción en un mismo ámbito en el que se encontraba Rezai.

Acostumbrados a utilizar los atentados de los noventa para cuestionar en términos geopolíticos al kirchnerismo, volvieron a refrendar la “Operación Nisman”. Según ese mecanismo de imposición simbólica, el actual gobierno y su vicepresidente son socios ineluctables del eje terrorista internacional. Dicha alianza, en realidad, está únicamente conformada por quienes se rebelan al hegemonismo estadounidense, más allá del sistema de gobierno que posean.

Los depositarios de sus catalogaciones condenatorias no son los países que carecen de sistemas democráticos (como Arabia Saudita y el resto de los principados absolutistas de la península arábiga), ni las dictaduras genocidas que asolaron el sur del Río Bravo desde mediados del siglo pasado. Son sólo aquellas –posean sistemas republicanos o no– que repudian el injerencismo de Washington y sus reglas del juego asociadas a la primarización productiva y la financiarización económica.

La derecha argentina utiliza la causa AMIA, después de haber provocado las condiciones para que los atentados se produzcan, con la única intención de horadar cualquier alianza o vínculo diplomático con los países que no obedecen al Comando Sur. Esa es la razón por la que no se indignan frente a la desclasificación de documentos relativos a la Guerra de las Malvinas, a través de los cuales se constató la presencia de buques armados con armas nucleares en el Atlántico sur en 1982.

Ese es el motivo, además, por el cual hacen la vista gorda respecto a la ineficiencia de la Alerta Roja que pende sobre el paradero montevideano del ex coordinador de la mesa judicial macrista, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Los gobiernos de la República Oriental y/o el nicaragüense son los responsables –si lo deciden– de extraditar a Mohsen Rezai y a Fabián Simón. Los diplomáticos argentinos carecen de potestad para imponer políticas de detención y solo las policías locales, asociadas a INTERPOL, pueden ejecutar dichos procesos jurisdiccionales.

Pepín Simón, quien funge de turista montevideano gracias a la protección brindada por la derecha uruguaya en manos de Luis Lacalle Pou no parece contar con inquietudes por parte del gorilismo local: su alerta toja parece desteñida a los ojos de los escandalizados defensores de la República y las instituciones. Los referentes actuales del neoliberalismo doméstico –cada vez más cercanos al neofascismo negacionista europeo y al supremacismo trumpista– elevaron airadas protestas respecto a la presencia del diplomático argentino en el mismo acto de asunción en el que se hizo presente el funcionario iraní.

En ninguna de sus diatribas se hizo referencia a que las invitaciones son únicamente tramitadas por un país soberano, en este caso Nicaragua. Para llegar a Managua, el avión oficial persa fue habilitado para transitar por rutas aéreas de Italia y Grecia, dos países que no pueden ser considerados como aliados de la República Islámica. Tampoco se les exigió explicaciones a estos dos Estados.

Parados sobre las víctimas



Fabián simón y Lilita Carrió. El privilegio de estar profugado

Desde hace casi cuatro décadas la derecha Argentina se rasga las vestiduras por un atentado que tuvo como cómplices geopolíticos a quienes se sumaron acríticamente al Consenso de Washington, su beligerancia planetaria y su consecuente (des)orden neoliberal. Los responsables domésticos de involucrar a la Argentina en conflictos ajenos a la región, en guerras en Medio Oriente, fueron quienes se convirtieron en subalternos pasivos de los intereses imperiales de Washington. Los mismos que hoy –en formato cambiemita– se muestran escandalizados por decisiones soberanas de Nicaragua. La derecha local se sumó entusiasmada a las resoluciones contra Irak en 1990: el embargo total, las sanciones económicas y la participación con un buque de guerra en la Operación Escudo del Desierto.

El gobierno menemista, que secuestró al peronismo para ponerlo a disposición de George Bush, habilitó el escenario para los atentados terroristas de 1992 y 1994. Por esa época –los años noventa– el canciller Guido Di Tella conceptualizaba los vínculos diplomáticos con Estados Unidos caracterizándolos como “relaciones carnales”. Ese fue el mismo periodo en que el menemismo incorporó al Gobierno nacional a figuras de la Unión del Centro Democrático (UCeDe) de Álvaro Alsogaray, y graficó esa traición al Proyecto Nacional y Popular con una imagen del riojano junto al almirante asesino Isaac Rojas.

Carlos Saúl Menem, considerado por los ultraliberales negacionistas de la tribu de Javier Milei como el mejor presidente de la historia, discontinuó un acuerdo comercial con la República Islámica de Irán firmado en 1988 por el gobierno de Raúl Alfonsín, por un valor de 25 millones de dólares. Los dos convenios incluían la construcción de una planta piloto de purificación y conversión de uranio –por un monto de 10 millones– y la construcción de una fábrica de elementos combustibles para reactores. Por pedido de Washington ambos contratos fueron anulados y nunca se le devolvió a Irán los pagos que había realizado. Obviamente que esa situación no justifica de ninguna manera el crimen de lesa humanidad que implicaron los dos atentados. Solo explica las condiciones de posibilidad que los habilitaron.

El 4 de mayo de 1990 Menem firmó el decreto con el que se autorizaba el envío de uranio enriquecido al 19,75 por ciento. Entre el 17 y el 24 de mayo de ese mismo año visitó la Argentina Alí Musawi –primo de uno de los dirigentes máximos de Hezbollhá– con el objetivo de ampliar los acuerdos. El 4 de junio de ese mismo año se suscribió un nuevo Memorándum de Entendimiento –con carácter confidencial– que ampliaba los convenios firmados por Alfonsín. A principios de diciembre de 1991, el viceministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Lima envió la autorización a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CoNEA) para que procediera al envío de las tuberías destinadas al armado de la una planta piloto para la purificación de óxido de uranio. El 11 de diciembre de 1991, el propio Olima ordenó por escrito a la CoNEA –ante la exigencia de Washington– la suspensión del envió que debía producirse dos días después en el buque Fathulkahir.

Ninguno de estos disparates político-diplomáticos son –ni fueron–cuestionados por los actuales alfiles locales de la política exterior de Washington. Uno de ellos, el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, manifestó en INFOBAE –una de las tribunas habituales con que cuenta la Embajada de Washington en la región– que “Daniel Capitanich (…) ha cometido un delito. No haber denunciado a Interpol y a la Justicia de nuestro país la presencia de un terrorista con alerta roja imputado de la comisión del atentado al edificio de la AMIA-DAIA.”

En esa misma nota, Knoblovits se equipara a un embajador al afirmar que denunció en Bakú la presencia de otros de los funcionarios iraníes imputados en el atentado de 1994. Sin embargo, en su condición de Secretario General del Congreso Judío Latinoamericano –uno de cuyos países miembros es Uruguay– no se le ocurrió nunca denunciar al gobierno de Lacalle Pou por la protección que se le brinda a quien también tiene colgada un Alerta Roja.

A la derecha local no le interesan las víctimas del atentado. Solo los motiva el alineamiento con las políticas de la OTAN y sus socios. La DAIA nunca condenó el vínculo del macrismo con el Reino Unido –esas relaciones carnales sucedidas entre los años 2015 y 2019– porque Londres es un socio de Washington y de Tel Aviv. Macri consideró a Estados Unidos, Reino Unido e Israel como sus socios más cercanos. Pese a ser los únicos que votan, en forma sistemática, contra de nuestro país en relación a la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Los crímenes cometidos por Thatcher en el Atlántico sur y el traslado de material nuclear no les merece su indignada protesta.

Las masacres de 1992 y 1994 solo son sus trampolines de figuración política: la más burda forma de despreciar a quienes aún hoy seguimos exigiendo verdad, justicia y reparación.

* Sociólogo, periodista-
Portada: Boris Johnson y Mauricio Macri
Fuente: Liliana López Foresi

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