¿Queremos vacunas rápido? Suspendamos los derechos de propiedad intelectual.

Como dicen algunos informes, este es el principio del fin. Tres vacunas para el coronavirus han dado resultados excelentes, y se espera que vengan más.

Pero este no el principio del fin; solo es el principio de una espera infinita: no hay suficientes vacunas para todos los países ricos, no digamos ya para los pobres.

Por esto tiene poco sentido que los EE.UU., Reino Unido y la Unión Europea, entre otros, bloqueen una propuesta en la Organización Mundial del Comercio que les permitiría a ellos, y al resto del mundo, obtener más de las vacunas y tratamientos que todos necesitamos.

La propuesta, sacada adelante por la India y Sudáfrica en octubre, pide a la OMC que exima a los países miembros de aplicar algunas patentes, secretos industriales o monopolios farmacéuticos amparados por el acuerdo de la organización en materia de propiedad intelectual, el conocido como TRIPs.

Cita las "circunstancias excepcionales" creadas por la pandemia y sostiene que las protecciones de la propiedad intelectual "obstaculizan o podrían obstaculizar el suministro oportuno de productos médicos asequibles"; la exención permitiría a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio modificar sus leyes para que las empresas de esos países pudieran producir versiones genéricas de cualquier vacuna contra el coronavirus y tratamientos con Covid-19.

A la idea se han opuesto desde el inicio los EE.UU., la Unión Europea, Gran Bretaña, Noruega, Suiza, Japón, Canadá, Australia y Brasil. Se opusieron de nuevo en otra reunión en noviembre, y de nuevo la semana pasada.

Según nuestro recuento, casi 100 países están a favor de la propuesta, y sin embargo, como casi todas las decisiones de la OMC se toman por consenso, un pequeño número de países puede frustrar la voluntad de la mayoría, incluso de una supermayoría. (La organización tiene 164 miembros.)

El representante comercial de los Estados Unidos ha dicho que la protección de los derechos de propiedad intelectual y, por lo demás, "la facilitación de incentivos para la innovación y la competencia" era la mejor manera de asegurar la "entrega rápida " de cualquier vacuna y tratamiento. La Unión Europea ha sostenido que "no había indicios de que cuestiones concernientes a los derechos de propiedad intelectual hayan constituido un verdadero obstáculo en relación con los medicamentos y tecnologías relacionados con el Covid-19". La misión británica ante la Organización Mundial de la Salud está de acuerdo, caracterizando la propuesta de exención como "una medida extrema para abordar un problema no probado".

De hecho, la novedosa tecnología que constituye el núcleo de la vacuna Moderna, por ejemplo, fue desarrollada en parte por los Institutos Nacionales de Salud con fondos federales de los Estados Unidos. Moderna recibió entonces un total de unos 2.500 millones de dólares de los contribuyentes para el apoyo a la investigación y como reserva de vacunas; según la propia empresa, la contribución de 1.000 millones de dólares que recibió para la investigación cubrió el 100 por ciento de esos costos.

Moderna se ha comprometido a no reclamar sus "patentes relacionadas con Covid-19 contra aquellos que fabrican vacunas destinadas a combatir la pandemia". Pero como ha señalado Médicos Sin Fronteras, esa oferta es menos generosa de lo que parece, ya que otros tipos de propiedad intelectual, como los conocimientos técnicos o los secretos comerciales, suelen ser necesarios para desarrollar y producir vacunas.

Pfizer, por su parte, recibió una subvención de 455 millones de dólares del gobierno alemán para desarrollar su vacuna, y luego, según nuestro recuento, casi 6.000 millones de dólares en compromisos de compra de los Estados Unidos y la Unión Europea.

AstraZeneca se benefició de cierta financiación pública mientras desarrollaba su vacuna, y recibió un total de más de 2.000 millones de dólares de los Estados Unidos y de la Unión Europea tanto para investigación como para compromisos de compra. También firmó un acuerdo por valor de 750 millones de dólares para suministrar un total de 300 millones de dosis a la Coalición de Innovaciones para la Preparación ante Epidemias y a Gavi, la Alianza para la Vacunación.

Calculamos, basándonos en la capacidad de producción de vacunas declarada por Pfizer y Moderna y sus acuerdos de suministro con los Estados Unidos y la Unión Europea, así como con Japón y Canadá, que estos países pueden esperar, en el mejor de los casos, tener alrededor del 50% de sus poblaciones cubiertas para finales de 2021. Considerando que el 82 por ciento de las vacunas que Pfizer dice poder producir hasta el año próximo y que el 78 por ciento de las de Moderna ya han sido vendidas a los países ricos, según el grupo de defensa de Justicia Global Ahora, imagínese la probable escasez y los retrasos para el resto del mundo. (Se dice que Canadá ha hecho tantos pedidos anticipados que podría terminar con 10 dosis per cápita).

AstraZeneca, en cambio, ha llegado a acuerdos con fabricantes de la India y América Latina, así como con Gavi, para ayudar a los países pobres a tener acceso a su vacuna. (También se ha comprometido a no obtener beneficios de su vacuna durante la pandemia, aunque, según un informe del Financial Times basado en documentos de la empresa, AstraZeneca ha conservado el derecho a declarar el fin de la pandemia ya en julio de 2021). Dicho esto, la compañía estima que podrá hacer tres mil millones de dosis para finales de 2021; eso es suficiente para sólo el 20 por ciento de la población mundial.

Los países pobres han enfrentado estos problemas antes. La creación de la OMC en 1995 coincidió con un aumento del VIH/sida en el África subsahariana. En 1996, se desarrollaron nuevos tratamientos que hicieron del SIDA una enfermedad más manejable, aunque sólo para las personas que podían pagarlos. Los medicamentos no genéricos costaban unos 10.000 dólares al año a principios de siglo, y estaban fuera del alcance de muchas personas en, por ejemplo, Sudáfrica. El gobierno sudafricano tardó casi una década en romper los monopolios de las compañías farmacéuticas extranjeras que mantenían al país como rehén, dejando morir a la gente.

En Brasil, Gilead Sciences, el propietario del monopolio de sofosbuvir, un gran avance en el tratamiento de la hepatitis C, ha estado en un punto muerto con el gobierno por la expansión y el abaratamiento del acceso al medicamento para los brasileños. Según varios informes, cuando Gilead Sciences obtuvo las patentes de sofosbuvir a principios de 2019, subió el precio para los organismos públicos brasileños de 16 dólares a 240 dólares por cápsula. Sin embargo, eso bajaría a unos 8 dólares si el fármaco se produjera localmente bajo un esquema de licencias obligatorias que el acuerdo TRIPs ya permite en algunas circunstancias.

Los países en los que los medicamentos son relativamente baratos, como la India, se enfrentan a otro tipo de desafío: los intentos de anular las leyes que hacen que esos fármacos sean accesibles allí. Novartis, el gigante farmacéutico suizo, libró una batalla de un decenio para asegurar el control del monopolio en la India sobre su tratamiento de la leucemia, y en el proceso trató que una disposición clave de la legislación india sobre patentes fuera anulada por ser inconstitucional. (Fracasó en ambos frentes).

Además, la crisis de acceso a medicamentos asequibles también afecta a los países cuyos gobiernos defienden una amplia protección de la propiedad intelectual para las empresas: la insulina, por ejemplo, puede ser muy cara en los Estados Unidos.

El Remdesivir, un medicamento utilizado para tratar la Covid-19 (con resultados no conluyentes), escasea ahora en los Estados Unidos y Europa. Gilead Sciences, el fabricante de remdesivir, ha conservado su monopolio sobre el medicamento en los países ricos, pero en mayo firmó acuerdos de licencia con empresas de 127 países para que pudieran producir versiones genéricas para su venta. ¿El resultado? Si bien ha habido escasez del fármaco en Occidente, ha estado disponible en suministros cada vez más estables en varios países pobres, a veces a una décima parte del precio.

Pero los gobiernos de los países ricos también pueden hacer retroceder a las grandes farmacéuticas, y a veces lo han hecho, a pesar de la influencia financiera a veces colosal de esta industria. (Las contribuciones de las campañas y el cabildeo de los fabricantes de medicamentos al gobierno federal de EE.UU. ascendieron a unos 4.700 millones de dólares entre 1999 y 2018, según un estudio reciente). Después del 11 de septiembre, los Estados Unidos temían un ataque con ántrax y necesitaban suministros inusualmente grandes de ciprofloxacina de Bayer; cuando el gobierno amenazó con pasar por alto la patente de la compañía y comprar alternativas genéricas, la compañía bajó el precio del antibiótico y aumentó los suministros.

En Gran Bretaña, el año pasado, las familias de los niños con fibrosis quística solicitaron al gobierno que suspendiera el monopolio de una empresa sobre Orkambi, el primer tratamiento significativo de la enfermedad. Después de que los partidos políticos apoyaran la petición, Vertex, el fabricante de Orkambi, accedió a vender el medicamento a un precio mucho más bajo del que inicialmente esperaba.

Sin embargo, la creciente presión de los países pobres en la Organización Mundial de Comercio debería dar a los gobiernos de los países ricos la posibilidad de negociar con sus empresas farmacéuticas para obtener medicamentos y vacunas más baratos en todo el mundo. Apoyarse en esas empresas es lo correcto ante una pandemia mundial; también es la mejor manera de que los gobiernos de los países ricos se ocupen de su propia población, que en algunos casos sufre una escasez más grave de medicamentos que la población de lugares mucho menos prósperos.

El mes pasado, la junta editorial de The Wall Street Journal denunció la propuesta de exención de los acuerdos TRIPs presentada por la India y Sudáfrica como un "atraco a las patentes", añadiendo que "sus intentos perjudicarían a todos, incluidos los pobres". Pero de hecho, esos intentos ayudarían a todos, incluyendo a los ricos –si tan sólo los ricos se dieran cuenta de eso–.

*Arjun Jayadev  es profesor de economía en la Universidad Azim Premji, en Bangalore y economista superior del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico.

*Achal Prabhala  es el coordinador del proyecto AccessIBSA, que hace campaña por el acceso a los medicamentos, y un miembro de la Fundación Shuttleworth, en Bangalore.

*Dean Baker  es economista senior en el Centro de Investigación de Economía y Política en Washington, D.C.

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