A diez meses de haber asumido la presidencia, Gustavo Petro enfrenta la más feroz embestida de sus opositores hasta el momento. Si bien parece una crisis interna (con fuego amigo incluido), la rápida formación en coro de las fuerzas conservadoras permite dudar si están aprovechando una oportunidad para atacar, o hubo preparación de la situación. Independientemente del origen del caso Sarabia-Benedetti, está por verse la eficacia de la ofensiva destituyente que se ha activado.
Una crisis interna anunciada
En días pasados, se reveló en los medios masivos de información que la “mano derecha” del presidente, Laura Sarabia, había sido víctima de un robo en su casa y por su cargo de Jefa de Despacho Presidencial, se activaron los protocolos de investigación en su entorno. Los ejes de la noticia fueron que el objeto sustraído era dinero en efectivo y que se habían sometido a la prueba de polígrafo a las personas sospechosas; ambos motivos de escándalo mediático.
Vertiginosamente el problema escaló de la mano de una fijación sobre el perfil de Sarabia, de quien se adujo era la mujer más poderosa del país, una custodia pretoriana de la agenda presidencial y la operadora más sagaz de todo el gobierno, con lo cual concluyeron que detrás de la investigación hubo un abuso de poder. Faltó decir que le daba orientaciones a Petro.
De Laura Sarabia se sabía hasta entonces, que llegó a la presidencia luego de coordinar la Unidad de Trabajo Legislativo de Armando Benedetti cuando era senador por el Partido de la U, al cual renunció para enfilarse sin rubor al Pacto Histórico, saltando del “santismo” al progresismo. Benedetti, quien fungió como jefe de campaña de Petro, fue nombrado en agosto pasado como embajador en Venezuela, donde encaró la difícil tarea de restablecer las relaciones políticas y comerciales con la hermana nación bolivariana.
Esa extraña cercanía es la que actualmente pesa ante la revelación de los agresivos audios que el exembajador le envió a la ex jefa de despacho presidencial, donde insinúa tener información para “hundir a todo el mundo… y hundirme yo con el mundo”, incluyendo aspectos de la financiación de la campaña. Esto último ha servido a un sector de la oposición para activar una operación de deslegimitación del gobierno. Aunque la movilización popular produjo una distención sobre este tema, queda la preocupación por la presencia de otros troyanos en el Pacto Histórico.
Los desafíos del Pacto Histórico
El gobierno del Pacto Histórico inició su gestión con una asombrosa coalición que incorporó a gran parte de sus oponentes en la campaña. La idea de un frente amplio que garantizara gobernabilidad floreció en las primeras semanas, no obstante, el mismo Gustavo Petro vaticinó en su primera entrevista (1) que los partidos tradicionales solo buscaban acercarse para obstaculizar las reformas de su gobierno y condicionarlo desde adentro. Una clarísima expresión de la conflictiva relación entre estabilidad y eficacia; la primera implica permanecer sin sobresaltos, pero la segunda exige actuar y producir cambios.
Para el primer presidente progresista de la Colombia contemporánea, seguía claro que no sería fácil avanzar sin mayorías propias en el Congreso; un propósito frustrado en las elecciones legislativas de marzo de 2022. Con este cuadro de situación se ha tenido que enfrentar a cuatro momentos desafiantes que en menos de un año han moldeado las posibilidades de realización del proyecto del Pacto Histórico.
El primer desafío del gobierno se vivió con la discusión de la Reforma Tributaria que buscaba recaudar aproximadamente 10.000 millones de dólares en cuatro años. El entonces ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, a pesar de gozar de la benévola calificación del empresariado como “técnico-experto”, fue compelido a renunciar a la quita de exenciones impositivas, gravar las grandes riquezas y productos de la industria de alimentos procesados. El resultado: la reforma se aprobó por menos de la mitad de lo pretendido. Los “nuevos aliados” mostraron su capacidad de presión y su articulación capilar con la élite económico-corporativa. Aun así, se trata de la reforma de este tipo más progresiva que se haya hecho en los últimos treinta años.
El escaso presupuesto que legó del gobierno anterior limitó el margen para iniciar con medidas de impacto. La siguiente batalla se libró por el Presupuesto General de la Nación 2023 y el reparto de abultadas partidas destinadas habitualmente a Servicio de Deuda Pública, Defensa y Seguridad, y Salud (bajo administración de empresas privadas prestadoras de la atención médica), aspirando a aumentar porcentajes de inversión y dirigir mayores recursos a las políticas de contención social. El éxito del acuerdo parlamentario se concretó en que a fin de año inició el programa de asistencia a madres cabeza de familia de los sectores de menores ingresos.
Desde que se inició la actual legislatura, el gobierno ha tenido que sortear los intentos de constreñir su apuesta reformista. La simple presentación de los proyectos de ley en el Congreso clausuró la tregua mediática y las críticas más mordaces se desplegaron contra las ministras de salud y trabajo (además del implacable seguimiento a la gestión de la ministra de Minas y Energía desde el inicio de su gestión). Fue el proyecto de reforma a la salud y su propuesta de finiquitar las intermediaciones privadas conocidas como EPS (Entidades Promotoras de Salud) lo que rompió las últimas cuerdas que desentonaban a través del diapasón.
Tras la confrontación al interior de la coalición de gobierno por la reforma a la salud, el presidente resolvió develar las fuerzas opuestas al cambio y romper el trato que mantenía al Partido Liberal, Partido de la U y Partido Conservador en varios ministerios. A riesgo de obturar el avance de las discusiones en el Congreso, Petro, audazmente realizó cambios en el gabinete que mostraron un giro hacia el programa original del Pacto Histórico. Sin lugar a dudas, la depuración traería sus consecuencias.
Desplazados los partidos de la “derecha moderada”, la estrategia legislativa se encaminó hacia el convencimiento individual de los congresistas comprometidos con las reformas, especialmente del Partido Liberal. Se logró disolver la disciplina partidaria y garantizar la aprobación en comisiones, no obstante, la incertidumbre en la plenaria agudizó el debate. Ahora el desafío está en exponer públicamente a aquellos congresistas (y sus partidos) que se oponen al ciclo reformista que llevó a Gustavo Petro y a Francia Márquez al poder ejecutivo, esto con dos propósitos: 1) que sirva como instrumento de negociación para avanzar en los proyectos legislativos en curso, y 2) so pena de que sus opositores sean repudiados en las elecciones locales del próximo mes de octubre.
¿Lawfare mode: ON?
El objetivo de la actual ofensiva es domar a Petro para neutralizar el cambio, sin embargo, una fracción de la oposición apuesta a destituirlo. Lo primero implica trabar el ciclo reformista que ha propuesto como cimiento para una transformación más profunda en el futuro, con lo cual los anhelos de más de 11 millones de colombianos y colombianas se verían frustrados, condenando al progresismo a cargar con el estigma de un fracaso.
Lo segundo, abre un camino incierto que puede llevar a la frustración o avivar los ánimos de cambio que estallaron en las calles entre abril y julio de 2021; se puede afirmar que en parte esa esperanza de cambio movilizó al pueblo en defensa del gobierno y demandando realizar la promesa de cambio.
La forma como se busca debilitar al gobierno contiene aspectos de las estrategias de lawfare experimentadas en la región. El linchamiento mediático y el pretexto justificador ya están sobre la mesa junto a la iniciativa judicial de inhabilitación, que apresuradamente concluye con la presunción pública de culpabilidad.
La respuesta rápida y coordinada con el movimiento popular en las calles, ha servido para recuperar iniciativa política. Tal vez sea la oportunidad de recrear la épica de la segunda vuelta con la propuesta hecha por Petro de crear asambleas populares por el cambio, para reunir simpatizantes sin condicionar su afiliación partidaria y habilitar una conversación sobre el futuro y cómo organizarse para alcanzarlo.
“Ha llegado la hora de gobernar”
La contundente movilización popular del 7 de junio en respaldo a las reformas y al gobierno, ha sido un aliento determinante para la toma de decisiones del gobierno. La apuesta por recuperar la naturaleza del programa del Pacto Histórico a riesgo de exacerbar a sus opositores cuenta ahora con la correspondencia popular; un termómetro favorable para el gobierno y un mandato para los presidentes del Senado y la Cámara que deberán anteponer la demanda social de cambio en las discusiones con los partidos para el trámite de las reformas. Con esto, si bien no se desactiva la estrategia destituyente, el gobierno logra recuperar aire para la carrera que sigue y sobreponerse para volver a poner la agenda.
Notas
[*] Politólogo, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).
Fuente: CLAE
