• 18 de noviembre de 2018, 2:33
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Panorama desde el puente: El asalto a la justicia

Por Jorge Elbaum

La naturalidad con que la derecha argentina destripa las instituciones de la república y la condescendencia con que los medios hegemónicos y los republicanos de la medianía social argentina observan el fenómeno, exige replantearse los horizontes de un derecho que sólo es utilizado para garantizar la continuidad de los privilegios de las minorías concentradas.

El creciente deterioro de la justicia argentina demanda profundas reformas venideras. El desquicio generado por el actual gobierno, junto a la íntima complicidad de una magistratura de pretendida nobleza, se han desgajado del sistema democrático para terminar conformando en la actualidad una asociación ilícita de persecución a opositores políticos y de beneficios jurisdiccionales para los sectores más privilegiados de la sociedad. Desde 2016 el buscado esquema de alineamiento estructural de la justicia fue operativizado por esquema de pinzas endógeno y exógeno. Por fuera del ámbito específico actuaron prioritariamente Daniel Angelici, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y Lilita Carrió. Desde el interior, específicamente en los tribunales de Comodoro Py, Claudio Bonadío e Martín Irurzun fueron sus máximos alfiles responsables. Ambos grupos de tareas se repartieron, durante los últimos tres años, las ofensivas orientadas a promover, idear y sostener las causas contra los referentes políticos del gobierno popular que concluyeron su mandato en diciembre de 2015

Estos asaltos al estado de derecho mostraron, en los últimos días, nuevas evidencias de su intento de cristalización. Ricardo Lorenzetti, quien pretendía resguardar algo de juego propio en el esquema empresarial-corporativo dispuesto por el macrismo, fue subsumido por Carlos Rosenkrantz para imponer las reglas de quién fue su sostenedor durante décadas y su impulsor al sitial de supremo juez: Héctor Magneto. El modus operandi corporativo carece de capacidad de negociación: cuando asume como propietario, como dueño, impone sus condiciones al creerse sostenedor de las acciones mayoritarias de la empresa, incluso aunque se trate –como en este caso—de una institución  de a república.

Este es el clima en el cual la sala III de la Cámara de Casación Penal compuesta por Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Mahiques decidieron anular la causa de las escuchas telefónicas en la que estaba acusado Jorge “Fino” Palacios y Ciro James, proveedores de información privilegiada destinada a la famiglia Macri. Con ese intento de absolución, sustentado en el desprestigio del juez que instruyó originalmente la causa, Norberto Oyarbide, se motorizó una cobertura dispuesta a evitar que el nombre de Mauricio Macri estuviese en boca de un Tribunal Oral Federal. El caso es que la familia del actual presidente contrató a Palacios para espiar al esposo de la hermana de Macri y al familiar de una víctima del atentado a al AMIA, Sergio Burstein.

La ofensiva judicial de salvataje incluyó también a quien de alguna manera fue el introductor de Macri al sistema político, Carlos Menem, en el marco de un proyecto destinado a desideologizar a la sociedad: el empresariado y los integrantes del show televisivo se constituyeron en la máscara del pretendo fin de la ideología, funciona a los intereses del neoliberalismo depredador. El mismo que mantiene a casi 40 presos, en el marco de decenas de causas instruidas bajo el mandato obligado de encarcelar preventivamente y/o condenar con juicios exprés. Una de las presas políticas, Milagro Sala acaba de cumplir 1000 días de encierro, acusada de promover políticas de inclusión a ciudadanos vulnerables en el noreste argentino.

La colonización judicial muestra, sin embargo, uno de sus pasos más brutales con la asunción del nuevo presidente de la corte, Carlos Rosenkrantz, quien intentó en la última semana destruir todas las áreas institucionales donde sobrevivían los espacios de poder del ex titular supremo, Ricardo Lorenzetti. Rosenkrantz, ex abogado del multimedio Clarín, ha decidido hacer tabla rasa y quitarle el maquillaje a un estamento que en los últimos años intentaba dar algunas señales de autonomía pese a no poseerlas.

Este reacomodamiento permitió que la animadversión de Carrió hacia Lorenzetti se desplace ahora hacia Germán Garavano, quien ha buscado hacer equilibrio entre la protección a Calcaterra (uno de los testaferros del presidente), el acuerdo con la DAIA para continuar con el encubrimiento del atentado de 1994 y garantizar la permanente intervención de Daniel Angelici, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en los entuertos destinados a garantizar la continuidad de la persecución al kirchnerismo. Garavano está ahí para proteger a Macri y viabilizar la inquisición: ninguna de las dos tares puede solaparse. Carrió pretende que Calcaterra entre en el mismo fárrago de la espuria cartelización de los proveedores del estado. Son rutas incompatibles. O en su defecto, dado que el universo es curvo, chocarán incluso aunque sean paralelas. 

El Consejo de la Magistratura es otro de los cotos de caza de la casta ceocrática. Con las últimas elecciones corporativas han logrado una mayoría que permite aterrorizar a todos los jueces del territorio nacional: cualquier dictamen contrario al esquema neoliberal autoritario será catalogado como “símil Rafecas” en referencia al acoso sufrido por el juez que desechó la inconsistente acusación de Natalio Nisman contra CFK.

La justicia teledirigida desde el mundo empresarial continúa su derrotero de deslegitimación y ajenidad con respecto a la sociedad civil. Una necesaria democratización de la misma requerirá disponer a todos los jueces en comisión –tal como lo permite la Constitución Nacional--, nombrar 20 supremos (asignados a varias Cámaras dentro de la Corte) y disponer la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura mediante el voto popular. Sólo de esa manera, una institución republicana que hoy está manchada por su perversa utilización al servicio de las minorías privilegiadas, se podrá reconstruir como un poder legitimado de la Patria.

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