• 18 de julio de 2018, 9:14
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Lula, la región, la Argentina

Por Carlos Raimundi

Primera lectura

Luego de Xi Jinping, Presidente del gobierno chino, y de Vladimir Putin, líder ruso recientemente relegitimado, Lula Da Silva es seguramente quien cuenta con mayor volumen de adhesión popular, lo que lo convierte en uno de los líderes mundiales más encumbrados. Una popularidad que no se apoya en respaldo mediático alguno, sino en la ratificación que hace el pueblo brasileño de sus dos presidencias.

Cuando un líder popular de tamaña envergadura, considerado un estadista por el lugar en el que ubicó a Brasil en el mundo, recibe la condena de nada menos que tres instancias judiciales –local, de alzada y federal, más la presión mediática y militar- significa que lo que está en juego no es un episodio jurídico, sino la ilegitimidad de todo un sistema de instituciones que durante décadas guardó la apariencia de imparcialidad, hasta desnudar su verdadero objetivo: burlarse hasta el extremo de cualquier mesura institucional, servir a los poderes dominantes y exterminar cualquier posibilidad de retorno del poder popular.

Allí reside el eje de la disputa. No se trata de un plazo procesal, no se trata de un juez ni de una sentencia arbitraria. Es una colosal estructura de poder que en la retórica se autocalifica demo-liberal, la que ha dado su veredicto.

Una vez comprobado el alto costo político de la crueldad física extrema aplicada por las últimas dictaduras, se propusieron estudiar mecanismos más sutiles pero al mismo tiempo eficaces para aplicar el mismo proyecto de saqueo económico y social sin apelar a reprimir explícitamente la voluntad popular. Solapándola, hasta conseguir, incluso, algunos niveles de aceptación. Mediante el financiamiento del Departamento de Estado de los EE.UU. y el apoyo logísitico del Pentágono, se pusieron en marcha vastos mecanismos de penetración cultural para convencer y cooptar a algunos segmentos institucionales como periodistas y jueces, del rol que debían desempeñar para desprestigiar a los procesos populares y llevar al escarnio a sus líderes y protagonistas. Y persuadir, además, a una parte de la sociedad, de modo de quitarle herramientas de análisis, reflexión y pensamiento crítico, conducirla al odio más visceral por la política y por valores como la igualdad y la inclusión de los humildes. De modo de privarla, en definitiva, de las herramientas conceptuales e interpretativas para reaccionar frente a afrentas morales e institucionales tan profundas como las del presente. Cooptar instituciones y desactivar la reflexión y el espíritu crítico de la sociedad, en síntesis.

 

Primera claridad

Si algún saldo útil se podría obtener de estos procesos, es su carácter clarificador. Se puede adoptar una u otra posición, pero nadie puede hacerse el distraído respecto de que se trata de una estrategia orquestada, coordinada, para toda la región. Y nadie puede ignorar que han caído definitivamente los valores republicanos heredados de la ilustración francesa, la modernidad europea y la Constitución estadounidense. A esta altura, nadie en su sano juicio puede afirmar que el atropello contra Lula puede haber sido hecho en nombre de la “calidad institucional”.

Esa fue la excusa que el poder dominante utilizó para desgastar a los gobiernos populares, durante los cuales la esencia del concepto república, la preocupación por lo público, estuvo más vigente que nunca. Quiere decir que si ese concepto que sirvió como excusa ha sido pisoteado por ellos mismos, por los mismos que lo levantaban, la idea formalista de la república despojada de todo contenido social ha perdido estrepitosamente su validez y legitimidad.

Coyunturalmente se podrá sacar a Lula de la cárcel con una medida procesal, pero estructuralmente no se podrá liberar a nuestros pueblos desde este sistema institucional definitivamente agotado, por estar al puro servicio del capital financiero globalizado. Tenemos el desafío de construir otra “res-publica”, otra preocupación por lo público, otras institucionalidad al servicio de lo público, otro sistema de prioridades, otra manera de administrar los bienes generales, sociales o universales. Otra escala de valores. Otras estructuras jurídicas, otros medios de comunicación, otras instituciones, esta vez, portadoras del poder popular, de la verdadera democracia, de la verdadera “res-publica”.

 

Segunda claridad

La extrema gravedad de lo ocurrido ha alcanzado tal punto, que obliga hasta a los más moderados a darse cuenta. Aquellos dirigentes argentinos, que dicen pertenecer al campo popular y desde ahí se solidarizan con Lula y condenan la ofensiva judicial neo-golpista, no pueden, al mismo tiempo, mantenerse indiferentes ante la persecución judicial a Cristina. Si son conscientes de la dimensión extrema del aparato de poder que tenemos delante, no deberían caer en la contradicción de –puestos a evaluar el anterior gobierno de la Argentina- decir que este perdió las elecciones por falta de autocrítica o por errores que seguramente se cometieron, y no por la fortaleza de la estructura de poder que se enfrentaba. Quien en este momento continuara anteponiendo esas cuestiones a la lucha que hay que dar contra el poder real, no lo hace de distraído, sino porque efectivamente es funcional a otros intereses, y no a los del campo popular.

 

Corolario

El liberalismo es –históricamente- sucesor inmediato de las monarquías absolutas. En tal carácter, las teorías tradicionales se han encargado de justificar que aquel régimen liberal, recientemente establecido por entonces, no repitiera los viejos abusos de poder del monarca. Es así como nace el denominado sistema de “frenos y contrapesos”, con que la burguesía como clase dominante buscó protegerse de los riesgos que implicaba dejar todo el poder en manos de las mayorías electorales. Pero la evolución histórica del capitalismo demuestra que los riesgos democráticos –salvo en períodos marcadamente autoritarios o totalitarios- no han provenido del Estado ni de la política, sino de la concentración del capital, de su consecuente capacidad de influir sobre las instituciones tanto públicas como privadas, de su apropiación y dominio de lo que Gramsci y Althusser denominan “aparatos ideológicos”, de los modos de percepción, interpretación y persuasión de las personas respecto de la realidad.

               Lejos de su finalidad inicial de ser un contrapeso de posibles abusos, el poder judicial contra-mayoritario, termina gobernando en última instancia, con más poder que la propia voluntad mayoritaria del pueblo.

          Si la evolución del liberalismo político hubiera sido verdaderamente democrática en lugar de haberse hincado ante los poderes oligárquicos, los sistemas penales estarían mucho más preparados para conjurar los delitos del poder sobre la propiedad colectiva de los pueblos –centros de salud, escuelas, vivienda, seguridad social- y los derechos de los pueblos a acceder a ella, que sólo enfocados en sancionar los delitos contra la propiedad individual. Si así fuera, estaríamos ante estándares de desarrollo e igualdad mucho más elevados, y los delitos contra la propiedad individual disminuirían contundentemente. 

          Todo ello va en dirección de la concentración del poder, es decir, en detrimento de la distribución del mismo que buscaban aquellas nacientes repúblicas liberales. Se trata de un retroceso de tintes monárquicos. Pero, a diferencia de las antiguas monarquías que gobernaban sociedades menos complejas, los actuales modelos de poder concentrado están hechos a la medida de sociedades fragmentadas, con el fin de disciplinarlas. Es decir, despojarlas de todo instrumento de autonomía y pensamiento crítico que ponga en cuestión los intereses dominantes.

Finalmente, se confirma que se trata de un plan regional que lleva años de planificación, financiamiento e implementación, lo cual le permite replicar exactamente el mismo discurso en todos los países de la región. Hay particularidades locales, pero su lógica estructural es binaria: o el Pueblo o las empresas. Por lo tanto, no puede ser afrontado sin herramientas igualmente poderosas, profundas, capilares, planificadas y sostenidas por un amplio proceso de conciencia y movilización popular. De su lado, hay muchos recursos y resortes de poder. Del nuestro, la absoluta convicción moral de que luchamos por los ideales, las ilusiones y los programas más justos para el conjunto de nuestro pueblo. Esa energía –y no la suma aritmética de estos y aquellos dirigentes- es la que debe convocar a la mayor unidad posible, interna y latinoamericana, y la que nos permitirá general la masa crítica y el contagio necesario para el triunfo  definitivo, para el desempate hegemónico, en la Argentina y en la región.

Los movimientos populares no viven perpetuamente engañados por las clases dominantes. Hubo y habrá siempre opciones históricas, grietas intersticiales dispuestas a escapar a la reproducción de la dominación. La historia es por definición incompleta, abierta a la innovación, al quiebre. En otras palabras, a la emergencia de procesos populares. Es precisamente de esa mezcla de dominación heredada y acción decidida que irrumpen los debates cruciales de la historia, los debates de cambio. Las nuevas instituciones nacen también de luchas pasadas, que parecen por momentos olvidadas, pero que permanecen latentes en la memoria colectiva.

 

         

        

 

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