• 19 de octubre de 2018, 1:20
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LA OTRA HISTORIA (2)

Por Martha Herring

En EE.UU las cosas están empeorando

LA OTRA HISTORIA... la que no te cuentan los monopolios multi-mediáticos - Hasta 1885 la responsabilidad del sistema de inscripción y registro de los datos de las personas recaía sobre la Iglesia Católica, que mediante los «libros parroquiales» llevaban el registro de bautismos, matrimonios y entierros. En 1885, durante la presidencia de Julio A. Roca, se creó el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y los Territorios Nacionales. Desde entonces, el Estado comenzó a hacerse cargo de este registro.

Siglo XXI - Estados Unidos: «Las redadas están empeorando. Los puntos de control están empeorando. El acoso está empeorando. Las cosas que nos preocupaban están sucediendo». Angus Johnston, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

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Nadie se libra del miedo y la angustia de vivir bajo la sombra de un estado policial autoritario.

Es el mensaje que se transmite las 24/7, a los ciudadanos y residentes del estado policial estadounidense con cada nueva pieza de propaganda gubernamental, cada nueva ley que penaliza la actividad legal, cada nuevo policía en las calles, cada nueva cámara de vigilancia observando atentamente, cada nueva noticia sensacionalista que provoca y distrae, cada nueva prisión, o centro de detención, construido para albergar alborotadores y a otros indeseables, cada nuevo fallo judicial agrega otra 'luz verde' a los agentes del gobierno para despojar, robar y violar a la ciudadanía, cada escuela que elige adoctrinar en lugar de educar, y cada nueva justificación de por qué los estadounidenses deben cumplir con los intentos del gobierno de pisotear la Constitución.

En los EE.UU. las cosas no mejoran, están empeorando a medida que la nación avanza, cada vez más, hacia el totalitarismo, camino a una tiranía en la que el gobierno tiene todo el poder y «el pueblo» no tiene ninguno.

Por ejemplo; lo que sucedió recientemente en Fort Lauderdale, Florida (ver video adjunto)

El viernes 19 de enero de 2018, agentes de inmigración abordaron un autobús de Greyhound que se dirigía al centro de Miami, desde Orlando, y exigieron que todos los pasajeros presentaran prueba de residencia o ciudadanía. Una abuela, que viajaba en el autobús para encontrarse por primera vez con su nieta, fue arrestada y sacada del autobús cuando no pudo presentar documentos de residencia. No se sabe si 'esa abuela' estaba en el país ilegalmente, sólo vemos que el color de su piel no es blanco. Todo lo que sabemos es que la mujer no tenía, en su poder, prueba de identificación o residencia, lo cual es común para muchas personas mayores que no conducen y no tienen ninguna razón para llevar una identificación con foto. Según un estudio del 'Brennan Center for Justice', más de tres millones de estadounidenses no poseen identificación, con fotografía, emitida por el gobierno. Ese grupo incluye a los ancianos, los pobres, los habitantes de las ciudades, los jóvenes, los estudiantes universitarios y algunos residentes rurales que quizás no vivan cerca de un DMV (Departamento de Vehículos Motorizados)

Esta no es 'algo' nuevo. Hace un año, a los pasajeros que llegaban al aeropuerto JFK (John F. Kennedy) de Nueva York en un vuelo nacional, desde San Francisco, se les ordenó mostrar sus «documentos» a los agentes de la patrulla fronteriza para bajar del avión.

Con el poder del gobierno para llevar a cabo controles de transporte e interrogar a las personas en zonas fronterizas de 100 millas, dentro del país, habrá un aumento en los incidentes de «mostrar papeles». Es un problema porque se supone que no debemos vivir en una sociedad de «muéstrame tus papeles».

A pesar de esto, y recientemente, el gobierno de los EE.UU. ha introducido medidas que permiten a la policía -y a otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley- detener a individuos (ciudadanos y no ciudadanos por igual), exigir que se identifiquen y someterlos a cacheos, registros sin orden judicial e interrogatorios. Acciones que van en contra de las garantías constitucionales, de larga data, que prohíben estas prácticas que se corresponden a un «estado policial».

Olvidemos, por un momento, el debate sobre la inmigración ilegal y reflexionemos sobre lo que significa que los agentes del gobierno comiencen a exigir que los ciudadanos muestren sus documentos bajo pena de arresto. Esquema actualmente empleado por la administración Trump para descubrir y limpiar el país de inmigrantes ilegales- que sienta las bases para una sociedad en la cual, el ciudadano, está obligado a identificarse con cualquier trabajador gubernamental que lo exija. Son tácticas que rápidamente conducen a una pendiente resbaladiza que entrega -a los agentes de cualquier rango- facultades para someter a cualquier persona -ciudadanos y no ciudadanos por igual- a demandas cada vez más intrusivas para que demuestren no sólo que están legalmente en el país, sino también que cumplan con cada estatuto y regulación.

Esto va en contra de las disposiciones de la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que declara que todas las personas tienen derecho a estar libres de registros y confiscaciones irrazonables por parte de agentes del gobierno. Como mínimo, la Cuarta Enmienda protege al pueblo estadounidense de la interferencia indebida del gobierno y de interrogatorios sin fundamento sobre su identidad o actividades. A menos que la policía tenga una sospecha razonable de que una persona es culpable de irregularidades, no tiene autoridad legal para detenerla y requerir identificación. En otras palabras, «las personas» tienen el derecho de ir y venir cuando lo deseen sin temor a ser interrogados por la policía, o forzados a identificarse.

El Instituto Rutherford ha emitido una sesión de preguntas y respuestas constitucionales sobre «La legalidad de los procedimientos de detención e identificación» que proporciona cierta orientación sobre los derechos del individuo si se lo detiene y la policía pide su identificación.
Desafortunadamente, incluso con protecciones legales, cada vez es más difícil para el estadounidense promedio evitar caer en la línea de un sistema de identificación nacional.

Ya se ha llegado a ese punto.

Aprobado por el Congreso en 2005 y programado para entrar en vigencia en todo el país en octubre de 2020, el Real ID Act -impone estándares federales en documentos de identidad como licencias estatales de conducir- es el preludio de este sistema de identificación nacional.

Avanza rápidamente la guerra, de la administración Trump, contra la inmigración ilegal, y desata la tormenta perfecta, necesaria para la adopción de una tarjeta de identificación nacional, el mejor dispositivo de rastreo humano, que hace mucho más simple la tarea del estado policial para monitorear, rastrear y seleccionar sospechosos individuales. ciudadanos y no ciudadanos por igual. Además, y en ausencia de una tarjeta de identificación nacional, «la gente» ya se encuentra rastreada en una miríada de formas: a través de las licencias de conducir estatales, números de Seguridad Social, cuentas bancarias, compras y transacciones electrónicas; dispositivos de correspondencia y comunicación: correo electrónico, llamadas telefónicas y teléfonos móviles; a través de chips implantados en vehículos, documentos de identificación e incluso la ropa.

Agreguemos que las empresas, las escuelas y otras instalaciones confían, cada vez más, en las huellas dactilares y el reconocimiento facial para identificarnos.

Mientras tanto, las empresas de datos como 'Acxiom' están capturando grandes cantidades de información personal 'para ayudar' en aeropuertos, minoristas, la policía y otras autoridades gubernamentales a determinar, al instante, si alguien es la persona que dice ser.

Este exceso informativo, utilizado con gran ventaja por el gobierno y los sectores corporativos, se está convirtiendo en un mandato para «un pasaporte interno», también conocido como tarjeta de identificación nacional, que almacenaría información tan básica como el nombre, fecha de nacimiento y lugar de una persona, así como información privada, que incluye un número de Seguridad Social, huella digital, escaneo de retina y registros personales, penales y financieros. Un sistema de identificación federalizado, computarizado, con referencias cruzadas, basado en datos controlado por agentes del gobierno, sería el último clavo en el ataúd para la privacidad (sin mencionar una pesadilla de seguridad logística que dejaría a los estadounidenses aún más vulnerables a cada hacker en la ciberesfera).

Los estadounidenses siempre se han resistido a adoptar una tarjeta de identificación nacional por una buena razón: le da al gobierno y sus agentes el máximo poder para apuntar, rastrear y aterrorizar a la población según los nefastos propósitos del gobierno. Los sistemas nacionales de tarjetas de identificación han sido utilizados anteriormente, por otros gobiernos opresores, en nombre de la seguridad nacional, invariablemente con resultados espeluznantes.

Por ejemplo, en Alemania, los nazis exigieron a todos los judíos que llevaran tarjetas de identificación selladas para viajar dentro del país. Un preludio de las insignias amarillas de la Estrella de David, estas tarjetas estampadas fueron fundamentales para identificar a los judíos que serían deportados a los campos de exterminio en Polonia.

El autor Raul Hilberg resume el impacto que tal sistema tuvo en los judíos:

«El sistema de identificación completo, con sus documentos personales, nombres especialmente asignados y marcado visible en público, era un arma poderosa en manos de la policía. Primero, era un dispositivo auxiliar que facilitaba la aplicación de restricciones de residencia y movimiento. En segundo lugar, se trataba de una medida de control independiente, ya que permitía a la policía recoger a cualquier judío, en cualquier lugar y en cualquier momento. En tercer lugar, y quizás lo más importante, la identificación tuvo un efecto paralizador sobre sus víctimas».  

En Sudáfrica durante el apartheid, se usaron libros de pases para regular el movimiento de ciudadanos negros y segregar a la población. La Ley de Pases Legales de 1952 estipuló dónde, cuándo y durante cuánto tiempo podría permanecer un africano negro en ciertas áreas. Cualquier empleado del gobierno podría tachar las entradas y cancelar el permiso para permanecer en un área. Un libro de pases que no tenía una entrada válida resultaba en el arresto y encarcelamiento del portador.

Las tarjetas de identidad desempeñaron un papel crucial en el genocidio de los tutsis en el país centroafricano de Ruanda. El asalto, llevado a cabo por grupos extremistas de milicianos hutus, duró alrededor de 100 días y resultó en cerca de un millón de muertes. Si bien las tarjetas de identificación no eran una condición previa para el genocidio, fueron un factor facilitador. Una vez que comenzó el genocidio, la producción de una tarjeta de identidad con la designación "tutsi" deletreaba una sentencia de muerte en cualquier control de carretera.

Las tarjetas de identidad también han ayudado a los regímenes opresivos a llevar a cabo políticas de eliminación como la expulsión en masa, la reubicación forzosa y la desnacionalización grupal. Mediante el uso de documentos de identidad, las autoridades etíopes pudieron identificar a las personas con afiliación eritrea durante la expulsión masiva de 1998.
El gobierno vietnamita pudo localizar a los chinos étnicos más fácilmente durante su expulsión de 1978-79.
La URSS usó tarjetas de identidad para forzar la reubicación de coreanos étnicos (1937), alemanes del Volga (1941), Kamyks y Karachai (1943), tártaros de Crimea, turcos meshjetianos, chechenos, ingush y balkars (1944) y griegos étnicos (1949).
Y los vietnamitas étnicos fueron identificados por desnacionalización grupal a través de tarjetas de identidad en Camboya en 1993, al igual que los kurdos en Siria en 1962.

Y en los EE.UU., después del 11 de septiembre, más de 750 hombres musulmanes fueron detenidos como mínimo por ocho meses, por su religión y etnia. Sus experiencias se asemejan a las de 120,000 japoneses-estadounidenses que fueron detenidos de manera similar hace 75 años después del ataque a Pearl Harbor.

A pesar de una tardía disculpa y emisión monetaria por parte del gobierno, el Tribunal Supremo de EE. UU. aún no ha declarado que esa práctica sea ilegal. Además, leyes como la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) facultan al gobierno arrestar y detener indefinidamente a cualquier persona «sospechosa» de ser un enemigo del estado. Es sólo un paso, es permitir que agentes gubernamentales detengan y exijan identificación de 'alguien sospechoso' -de ser un inmigrante ilegal- y facultar a la policía a someter a cualquier persona -ciudadanos y no ciudadanos por igual- a demandas cada vez más intrusivas que no sólo es probar que están legalmente en el país, sino que también son legales de conformidad con todos los estatutos y reglamentos de la ley, aunque no se sospeche que haya cometido delito alguno... todos son sospechosos.

Es fácil señalar a la Administración Trump, pero este frenesí comenzó mucho antes de que Trump ascendiera a la Casa Blanca. Él es -como dice el periodista Glenn Greenwald- «una red brillante que distrae de los fracasos, la corrupción y la malicia del mismo Establishment, un convencido en promoverlos».

Creemos que la historia se repite y la realidad es que no hemos sabido aprovechar sus lecciones. Ya hemos recorrido este camino.

En 1963 al informar sobre el juicio del burócrata nazi Adolf Eichmann, Hannah Arendt describe la «mansedumbre sumisa con que los judíos fueron a la muerte»:

 [...] llegar a tiempo a los puntos de transporte, caminar dócilmente a los lugares de ejecución, cavar sus propias tumbas, desvestirse y hacer pilas ordenadas de sus ropas, y acostarse lado a lado para recibir un disparo -parecía un punto revelador, y el fiscal, pidiendo testimonio a cada testigo, «¿Por qué no protestaste?», «¿Por qué subiste al tren?» «Quince mil personas estaban paradas allí y cientos de guardias frente a ti, ¿por qué no te rebelaste y atacaste? ¿Atacar a estos guardias?» - Arendt insistió en ello. Pero la triste realidad es que ningún grupo, no judío o personas no judías, se había comportado de manera diferente.  

Las lecciones de la historia son claras: encadenados -o encarcelados en un campo de detención- hay pocas posibilidades de resistencia. El momento de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde. El poder está en la mayoría popular pero -si no se une y se levanta contra sus opresores- no hay resistencia posible. La libertad, no es como una moneda, tiene una sola cara.
No podemos vivir en una república constitucional si permitimos que el gobierno actúe como un estado policial. Tampoco podemos pretender valorar la libertad si permitimos que el gobierno opere como una dictadura.
No podemos esperar que se respeten nuestros derechos si permitimos que el gobierno trate a quien le plazca con una falta de respeto y una total indiferencia por el estado de derecho. Si avanzamos en este 'doble estándar', porque creemos que no hemos hecho nada malo y no tenemos nada que esconder... cuidado: siempre hay un efecto boomerang.

NO olvidar que el estado policial no discrimina.

Hannah Arendt concluye, «bajo condiciones de terror la mayoría de la gente obedecerá, pero otras no, al igual que la lección de los países a los que se les propuso la Solución Final es que 'podría suceder' en la mayoría de los lugares, pero no sucedió en todas partes»... Es decir que a la historia no la escriben los que ganan... está en nosotros aprovechar sus lecciones.

Martha Herring

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