• 26 de mayo de 2018, 16:33
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¿El estigmatizado “populismo” se instalará al sur del Río Grande?

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Por Maximiliano Burckwardt

La presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y sus políticas xenofóbicas y racistas, junto al hartazgo ante una clase política sumisa frente a los atropellos del polémico mandatario estadounidense y la aplicación de duras políticas neoliberales que condenan a los millones de mexicanos a la pobreza, han potenciado significativamente las posibilidades del “populista” Andrés Manuel López Obrador de triunfar en las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.

Efectivamente, una encuesta realizada durante el mes de enero por la consultora mexicana Parametría atribuye a López Obrador candidato de la alianza “Juntos haremos historia” (integrada por MORENA y el Partido del Trabajo), el cuarenta y dos por ciento de los votos, ubica segundo a Ricardo Amaya, candidato de la coalición “Por México al Frente” (PAN y PRD), con el treinta y dos por ciento de adhesión, y en tercer término a José Antonio Meade, candidato de la Alianza “Todos por México” (PRI, PVEM y Panal) con solo el veintiséis por ciento de intención de votos. Es importante que señalar que en México no hay segunda vuelta, consagrándose presidente quien obtenga más votos en las elecciones de julio..
En junio del pasado año, la coalición encabezada por el PAN estaba en primera posición con el 43 % de las preferencias electorales, seguida por la alianza liderada por Morena, con el 33 %. En septiembre estas dos coaliciones quedaron prácticamente empatadas y desde octubre, López Obrador se situó en cabeza con el 38 % de las preferencias. Es importante señalar que en México no hay segunda vuelta, consagrándose presidente quien obtenga más votos en las elecciones de julio.
El casi inevitable triunfo del candidato morenista en este tercer intento de acceder a la presidencia de México no sólo preocupa a Donald Trump, sino que tiene muy nerviosos a toda la vieja clase política neoliberal, dominante desde hace varias décadas en las estructuras de poder de ese país latinoamericano. Según el columnista de “El Universal”, Salvador García Soto, el pasado viernes 20 de enero Amaya y otros dirigentes del PAN se reunieron por más de dos horas con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto donde acordaron, ante la poca adhesión del candidato del gobernante PRI, que el PAN apoyará a la oficialista Josefina Vázquez Mola como candidata a gobernadora del Estado de México a cambio del apoyo de su coalición a Amaya, para cerrarle el paso a López Obrador. Según García Soto, el propio Amaya le confió que “Peña Nieto reconoció que al candidato del PRI no le dan los números y que Trump le solicitó que impida por todos los medios posibles que López Obrador llegara a la presidencia”.
Esta alianza no es nueva, ya en las elecciones de los años 2.006 y 2.012 panistas y priistas veían como un enemigo común a López Obrador. En el año 2.006 López Obrador –entonces alcalde de Ciudad de México- perdió por menos del uno por ciento, en medio de fundadas sospechas de fraude, contra el conservador Felipe Calderón quien, con su errática política contra el narcotráfico, ensangrentó al país. En el año 2.012, con una campaña de instalación de más de dos años del casi desconocido Peña Nieto, por parte del hegemónico multimedio Televisa, el actual presidente logró imponerse sobre López Obrador por una diferencia de sólo el tres por ciento de los votos.
Mientras “The Guardian” lo compara con el estadounidense Bernie Sanders y con el británico Jeremy Corbin, el intelectual admirado y preferido por los liberales mexicanos, Enrique Krauze, lo acusa de ser un “mesías tropical”; ya desde el año 2006, los medios hegemónicos, la vieja clase política y un importante sector del empresariado lo demonizan comparándolo con los venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Sin dudas, su propuesta de gobierno para México, de ser realmente ejecutada, afectará importantes intereses y privilegios. Su programa de gobierno de más de cuatrocientas páginas, denominado “Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024”, según las propias palabras de López Obrador “recoge una nueva visión del país y presenta proyectos y propuestas en materia económica, política, social y educativa que tienen por objeto generar políticas públicas que permitan romper la inercia de bajo crecimiento económico, incremento de la desigualdad social y económica y pérdida de bienestar para las familias mexicanas, tendencias que han marcado a México en los últimos treinta y cinco años, y emprender un cambio de rumbo”
Entre las principales medidas que entusiasman a millones de mexicanos y preocupan a los sectores poderosos se destacan:

  • consulta popular para determinar si se mantienen o revierten los procesos de privatización de la petrolera Pemex y las llamadas reformas estructurales en materia laboral, educativa, fiscal, energética, exigidas y promovidas por los sectores concentrados del poder
  • cambio total a la estrategia represiva para atender los problemas de la inseguridad y de la violencia
  • no se aumentarán impuestos ni se seguirá endeudando al país
  • se aumentará el devaluado salario mínimo, habrá incrementos salariales a maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y otros servidores públicos
  • la pensión a adultos mayores se aumentará al doble en todo el país
  • cambios sustanciales en la relación bilateral con Estados Unidos, priorizando una política de cooperación para el desarrollo y no de cooperación policiaca y militar, sin asistencia castrense, sin labores de inteligencia y sin envíos de helicópteros y armas
  • no se detendrá el flujo migratorio con muros, redadas, deportaciones o medidas de militarización de la frontera
    • autonomía e independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las autoridades electorales también tendrán absoluta independencia y se respetará la autonomía del Banco de México
  • se eliminarán los fueros al Presidente y a los altos funcionarios públicos y se propondrá una reforma al Artículo 108 de la Constitución para poder juzgar por corrupción al Presidente en funciones
  • el Presidente de la República se someterá al principio de la revocación del mandato: al cumplirse dos años, se hará una consulta para que la gente decida si continúa o no en el cargo
  • se cancelarán las pensiones millonarias a los expresidentes, no habrá servicio médico privado ni cajas de ahorro especiales, se venderá toda la flotilla gubernamental de aviones y helicópteros del gobierno
  • el próximo Presidente ganará la mitad de lo que percibe el actual y no gozará de ninguna prestación o canonjía; no viajará en aviones ni helicópteros privados, sino en aviones de línea comercial y por carretera
  • por combate a la corrupción y plan de austeridad se ahorrarán alrededor de quinientos mil millones de pesos
  • se construirán refinerías, se fortalecerá la industria eléctrica y bajarán los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica
  • no se construirá el proyectado nuevo aeropuerto, en su lugar se construirán dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía y habrá trenes de pasajeros de gran velocidad de la Ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos
  • se creará el programa “Jóvenes construyendo el Futuro”, por el que se otorgaran becas a dos millones seiscientos mil jóvenes, que actualmente no pueden estudiar o que no tienen empleo.
    En síntesis, a cinco meses de las elecciones, todo parece indicar que el estigmatizado “populismo” se instalará al sur del Río Grande para dolor de cabeza de Donald Trump y de los dirigentes de las variantes republicanas y demócratas estadounidenses. También, para los emergentes gobiernos liberales de Nuestra América, entusiasmados en el convencimiento de que los proyectos nacionales y populares habían sido derrotados para siempre.
    El sufrido pueblo mexicano tiene la palabra. El problema será si se respetan los resultados o habrá un nuevo fraude.

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