• 26 de mayo de 2018, 16:33
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BASES MILITARES

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Por Maximiliano Burckwardt

¿Vienen para cuidar “sus aguas”?

De viaje por Estados Unidos, la ministra de Defensa argentina, Patricia Bullrrich, finalmente firmó un Acuerdo con la DEA (Drug Enforcement Administration) para la instalación de una base militar estadounidense en la provincia de Misiones. Si bien el eterno pretexto es la “cooperación” en la lucha contra el narcotráfico y contra el inexistente terrorismo en nuestro país, el asentamiento de la tan anhelada base tiene como uno de sus principales objetivos vigilar y eventualmente apropiarse de nuestros recursos naturales, por parte de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos. Con igual intención, otro grupo de tareas estadounidense está operando silenciosamente, con la complicidad del gobernador Juan Manuel Urtubey, en la provincia de Salta, rica en litio.

La intención del país imperial de apropiarse del Acuífero Guaraní fue explícitamente confesada en agosto de 2005 por el entonces secretario de Defensa estadounidense, el polémico Donald Rumsfeld en la vecina República de Paraguay. En ocasión de una visita a la base militar de Estigarribia expresó a los periodistas que “las tesis de conflictos en esta región son el petróleo y el agua”. Unos meses antes, la secretaria de Estado de Bush, Conndolezza Rice, había afirmado muy suelta de cuerpo que “las reservas de agua son Patrimonio de la humanidad”.   

La decisión de Mauricio Macri de ceder a las pretensiones de los gobiernos estadounidenses ya fue explicitada en mayo de 2016, cuando anunció que “Estados Unidos instalará dos bases militares en zonas de carácter estratégico para la Nación”, sin dar mayores precisiones. En esa ocasión, la ex diputada nacional Alcira Argumedo informó que una de las bases se instalaría sobre el Acuífero Guaraní.  

El acuífero subterráneo se extiende bajo suelos brasileño, argentino, paraguayo y uruguayo, en una extensión de aproximadamente un millón doscientos mil kilómetros cuadrados y con capacidad para abastecer a los trescientos sesenta millones de habitantes de la zona. Su volumen de agua es inmenso, ya que se calcula que dispone de ciento treinta y dos millones de hectómetros cúbicos y su capacidad de recarga oscila entre ciento sesenta y doscientos cincuenta kilómetros cúbicos. Según estudios de expertos, este reservorio podrá abastecer de agua potable a la población mundial durante doscientos años, si calculamos un consumo diario de cien litros por persona. Por su enorme capacidad energética, los países propietarios han establecido las centrales hidroeléctricas de Yacyretá-Apipe (Argentina/paraguaya), en las aguas del rio Paraná,  y Salto Grande (argentina/uruguaya), sobre el rio Uruguay.  

El reservorio  abastece a más de trescientas ciudades de Brasil; se registran unos doscientos grandes pozos en Paraguay y Uruguay cuenta con ciento treinta y cinco pozos para abastecimiento público y baños termales. Argentina sólo utiliza seis pozos termales en la provincia de Entre Ríos. Actualmente, el gobierno de Paraguay es presionado por el Banco Mundial y las multinacionales del agua, para que privatice sus servicios de agua potable. Precisamente desde el año 2.000, a través del Banco Mundial y la OEA, Estados Unidos destina veintisiete millones de dólares anuales para investigar la magnitud del Acuífero Guaraní, con el objetivo de asegurarse su uso de manera sustentable y de evitar todo tipo de contaminación.  

En otra lamentable renuncia a nuestra soberanía territorial, a fines de junio de 2.016, el presidente Macri dio marcha atrás con las restricciones que Cristina Fernández de Kirchner impuso en el año 2.011 para la posesión de tierras por parte de extranjeros. Mediante decreto, el mandatario argentino eliminó el límite del quince por ciento del territorio nacional que puede estar en manos de extranjeros, permitiendo la compra sin topes. También modificó el porcentaje del veinticinco por ciento de la titularidad de la propiedad de un extranjero para ser considerada como tal, elevándolo al cincuenta y uno por ciento.  

De esta manera, posibilita la ilimitada compra de las tierras misioneras por parte de eventuales compradores estadounidenses, sean estos individuales o multinacionales. Ya en la actualidad, los herederos del polémico multimillonario californiano Douglas Tompkins poseen trescientas cincuenta mil hectáreas sobre el Acuífero Guaraní. Otra importante reserva de agua dulce, el Lago Escondido en la provincia de Rio Negro, está dentro de la propiedad de doce mil hectáreas del inglés Joseph Lewis, amigo personal de Mauricio Macri, quien impide el acceso público a las costas del lago, convirtiéndose esto en un conflicto, ya que las costas de los lagos son públicas. El Lago Escondido tiene un espejo de aproximadamente quince kilómetros cuadrados y su cuenca se extiende en un área de ciento cuarenta y dos kilómetros cuadrados, llegando a la frontera con Chile.  

La tesis de conflicto confesada por Donald Rumsfled en el año 2.005, constituye una peligrosa realidad no sólo para nuestra región, sino para todo el mundo futuro. Apropiarse de las reservas de agua dulce es una vieja decisión estratégica de los Estados Unidos.  

En el documento Santa Fe IV de la CIA denominado “Latinoamérica Hoy” se analizaron las posibles políticas de los Estados Unidos para América Latina a la luz de los nuevos movimientos populares que en la década pasada parecían estar abriendo otra vez caminos de liberación en Nuestra América. Los documentos Santa Fe son análisis de la agencia estadounidense sobre las realidades latinoamericanas.  

Reafirmando los principios de la doctrina Monroe, este documento plantea una serie de principios geoestratégicos para garantizar que los países del hemisferio sur no sean hostiles a sus preocupaciones de seguridad nacional. Considera el documento que es prioritario que los países que albergan el Acuífero Guaraní promulguen legislaciones que lo protejan como patrimonio de esas naciones, para “asegurarse que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a nuestras prioridades nacionales”.
En el mismo sentido, el diario británico “The Guardian” publicó, en febrero de 2004, un informe secreto del consejero del Pentágono, Andrew Marshall, que advertía al presidente Bush de los oscuros efectos del calentamiento global en el planeta a corto plazo, entre ellos, la falta de agua potable. Allí se sugiere que Estados Unidos se prepare para estar en condiciones de apropiarse de este recurso estratégico, donde esté y cuando sea necesario.

El año pasado, el Papa Francisco advirtió que temía una “gran guerra mundial por el agua”. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte, además, que “para el año 2050 la demanda mundial de agua dulce crecerá en más del cuarenta por ciento y por lo menos una cuarta parte de la población mundial vivirá en países con una falta crónica o recurrente de agua limpia”.
En síntesis, la guerra por el agua parece ser inevitable. Por lo pronto, el imperial Estados Unidos ya está tomando posiciones y, en Nuestra América, Macri y Bullrich les abren genuflexa y generosamente las puertas.

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